Para la socialización del mercado

industria_espanaDespués de una semana de vacaciones -merecidas, pensamos-, recuperamos el pulso formativo, no sin antes entrar a reflexionar sobre los últimos acontecimientos en la izquierda española. Por un lado, un Podemos cada vez más alejado de sus postulados iniciales (¿dónde quedó la renta ciudadana, el papel de los círculos o el empoderamiento popular? por ejemplo); por otro, los restos de IU y su grito desgañitado de confluencia. Resumen: el próximo parlamento español carecerá de una fuerza realmente de izquierdas y caminamos hacia una italianización de la política, donde una gran marca política (el Partido Demócrata en Italia o Podemos en España) alejada de los ejes tradicionales de conflicto izquierda-derecha, capital-trabajo, centro-periferia, con un mensaje descafeinado de “happy end” dará carpetazo a cualquier intento de existencia de movimiento obrero tradicional. Tiempo al tiempo.

Hoy reproducimos un trabajo sobre modelos de socialismo del siglo XXI a cargo de Diane Ebon. Este texto es la segunda parte, ligeramente abreviada de un largo artículo titulado “Market Socialism or Socialization of the Market?” publicado en New Left Review, n°172, noviembre-diciembre de 1988, y ya reproducido en francés en Critique Communiste. Se ha suprimido la primera parte, con una discusión de las tesis de Alec Nove y Ernest Mandel. A leer…

Salud. Olivé

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PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL MERCADO1

Diane Ebon

 

El objetivo de este trabajo es explorar una alternativa tanto a la economía dual de Alec Nove y a la economía sin precios de Ernest Mandel. Muchas de mis propuestas corresponden a mi actual manera de ver las cosas más que a convicciones inconmovibles. Mis ideas sufrieron modificaciones sustanciales desde la primera versión y, sin duda, conocerán nuevas evoluciones 2.

Producción y reproducción de la fuerza de trabajo

El debate sobre la organización socialista de la economía comienza, casi siempre, por las formas de propiedad de las empresas, propiedad que importa, sobre todo, por sus implicaciones en las condiciones de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. En una economía capitalista, la fuerza de trabajo está separada de sus medios de subsistencia y su proceso de producción y de reproducción es una variable dependiente, modelada por el proceso de acumulación. El antagonismo fundamental entre comprador y vendedor opone a familias y empresas como vendedores y compradores de fuerza de trabajo. Esta situación debe cambiar para que el proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo se convierta en la variable independiente a la que el proceso de acumulación debería subordinarse.

Para llegar a eso, las familias deberían disponer de un ingreso para no estar obligadas a vender su fuerza de trabajo, incluso a las empresas públicas. En cualquier situación se les debe asegurar un nivel de vida decente. Entonces estarían en condiciones de elegir verdaderamente cómo vender su fuerza de trabajo, sin estar obligadas por la necesidad […]

En una economía industrial, la libre elección de las familias se apoyaría en dos dispositivos: por un lado, la provisión gratuita de los servicios básicos, salud, higiene, educación, agua y, por otro lado, la garantía de todo ciudadano de poder disponer libremente de un ingreso monetario para cubrir sus gastos elementales de alimentación, vestimenta, vivienda y equipamiento que correspondan a condiciones de vida sencillas (¿Lentejas en lugar de carne? ¿Jeans comunes en lugar de jeans de marca? ¿Esteras en lugar de alfombras?)

El argumento en favor de la gratuidad de servicios como salud y educación remite a sus características especiales (interdependencias y externalidades) y, no al hecho de que se trataría de necesidades “fundamentales“. Se podría abogar por la gratuidad de otros servicios, como el transporte urbano. Pero como casi todos los socialistas están de acuerdo con estas propuestas, no las estudiaré en detalle. Sin embargo, agregaré a esta lista el libre acceso a las redes de información: material de impresión, teléfono, fotocopias y facsímil, computadoras, etc. Como veremos más adelante, una de las condiciones de la socialización del mercado es un acceso libre e igual a la información. En efecto, la circulación de la información es una condición necesaria para el desarrollo de relaciones de cooperación, confianza y reciprocidad. Esto no significa que cada familia esté equipada con su computadora personal, modem, teléfono o antena parabólica; sino que todo hogar pueda acceder a este tipo de equipamiento, en las mismas condiciones que a los hospitales o escuelas.

Estos servicios gratuitos deberían estar organizados para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de las familias y no simplemente las necesidades de los que los producen. Habría que establecer asociaciones de usuarios, como formas de representación de las familias. Estas formas de representación existen en estado embrionario en algunos países de Europa Occidental (por ejemplo, los consejos de salud social en Gran Bretaña) pero carecen de todo poder real.

Por las razones expuestas en la discusión de las propuestas de Mandel, los otros elementos del ingreso básico no serían provistos gratuitamente, sino a cambio de una cierta suma de dinero. Existen cada vez más textos que tratan el papel de las garantías de ingresos en la construcción del socialismo 3 y no volveré sobre este tema. Una pregunta evidente es la siguiente: si todo el mundo goza de un ingreso mínimo que lo libera de la necesidad de vender su fuerza de trabajo, ¿cómo asegurar que los bienes que se comprarían con ese ingreso garantizado serán efectivamente producidos? Una primera respuesta es que la mayoría de la gente deseará consumir más que lo permitido por ese mínimo (carne y virio en lugar de lentejas y agua) y estarán muy contentos de vender su fuerza de trabajo para acceder a ingresos más elevados. Otra respuesta es que la gente utilizará su dinero para comprar sus propios medios de producción y crear empresas en su domicilio o asociarse en cooperativas con otras familias. Una respuesta más avanzada es que la gente tendrá la suficiente conciencia del interés público para comprender que se debe contribuir a la producción si se quiere que al ingreso garantizado corresponda un poder adquisitivo real; pero a este argumento se le puede oponer la objeción del “pasajero clandestino“, según la cual todo el mundo no tiene esa conciencia social.

Está claro que depende mucho del contexto en que se inscriba esta garantía de ingresos; que se trate de un rasgo esencial de la economía socialista no implica, en mi opinión, que se pueda remplazar el capitalismo del Estado-providencia, incluyendo su código de trabajo, por un capitalismo de ingresos garantizados 4. El ingreso garantizado debe considerarse como un elemento, entre otros, de un dispositivo social más amplio, cuya aplicación supone la abolición del capital.

Haré una sugestión sobre el problema del “pasajero clandestino“, que presenta también la ventaja de contribuir a la socialización del trabajo no remunerado que aporta a la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Como contrapartida al derecho a un ingreso garantizado, los adultos aptos para el trabajo tendrían la obligación de efectuar un trabajo no retribuido de asistencia personal. Serán exceptuados los que ya se ocupan de un niño, una persona de edad, un enfermo o un lisiado. Todos los demás tendrán que asegurar ese servicio comunitario no remunerado, por ejemplo, ocupándose de un niño lisiado para aliviar a la persona que lo hace habitualmente. La socialización del hogar y de todos los otros trabajos domésticos no remunerados representó siempre un objetivo de las feministas socialistas. Pero sin duda han tenido la tendencia a insistir demasiado sobre la necesidad de sacar esas actividades del hogar hacia guarderías, hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos, cantinas y lavanderías colectivas. Evidentemente, todos estos equipamientos juegan un papel, pero remiten a una apreciación muy negativa de las ventajas de una vida privada autónoma, de una habitación propia, de las relaciones de vecindad. En lugar de querer reducir el terreno de la vida de hogar, propondría apuntar al reconocimiento social del trabajo que consiste en ocuparse de los otros dentro del mismo hogar. El dispositivo propuesto tendería también a transformar la división sexual del trabajo en este tipo de actividades: los hombres deberían adquirir las competencias necesarias para ocuparse de los otros, competencias que, demasiado a menudo, son exclusivas de las mujeres. El hecho de que todos los ciudadanos, incluidos los niños, gozarían de un ingreso individual garantizado contribuiría mucho a atenuar la dependencia de las mujeres y niños respecto de los hombres

Algunas familias podrán elegir crear una empresa individual o asociarse con otras familias para fundar una cooperativa y vender sus productos, pero estas actividades probablemente se desarrollarán en pequeña escala. En la mayoría de los casos, los miembros de un hogar, en uno u otro momento de su ciclo vital, elegirán trabajar como asalariados en las empresas públicas. Al suprimir esta obligación, desaparecerá al mismo tiempo el fundamento esencial del antagonismo entre compradores y vendedores de fuerza de trabajo; pero esto no impide que cuando se modifiquen las condiciones económicas continuarán planteándose cuestiones decisivas sobre los salarios, la organización del trabajo y la asignación de la mano de obra. Hacer de la fuerza de trabajo la variable independiente significa que ya no debería ser considerada sólo como un recurso del mismo tipo que las máquinas y materias primas, aunque las dos figuren bajo la forma de sumas de dinero en los libros de contabilidad de las empresas.

Las empresas públicas autogestionadas

Todo esto implica que las empresas públicas estén autogestionadas (worker-managed), que sea reconocido el “derecho al empleo” de sus asalariados y que los salarios básicos se fijen en un mercado de trabajo “socializado“. La autogestión significa que los costos totales de mano de obra de una empresa ya no serían considerados como un costo a minimizar. Esto puede despertar objeciones sobre la “ineficacia” de ese sistema y su incapacidad de innovar. Sin embargo, las empresas autogestionadas no tendrían ninguna razón para no buscar una mejor organización que les permitiera reducirlos costos unitarios en mano de obra, si pudieran consagrar una parte de esas ganancias de productividad a un suplemento de tiempo libre o ingresos. Además, una empresa autogestionada debería inventar otros medios de reducir los costos en trabajo, que no sean recurrir a una intensificación del trabajo, nociva para la salud y la seguridad de los trabajadores, o al desempleo. Estos procedimientos pueden crear la ilusión de aumentar la eficacia medida por la rentabilidad; pero se trata de una medida parcial, porque la mejora en la satisfacción de las necesidades de las familias como compradores, está acompañada por una baja en la satisfacción de sus necesidades como vendedores de fuerza de trabajo.

Los trabajadores de las empresas públicas autogestionadas no tendrían el mismo grado de control que los de las cooperativas, porque no podrían disponer libremente de los activos de su empresa. En las economías “centralmente” planificadas, esas restricciones fueron impuestas por la formidable burocracia central de los ministerios por ramas de producción. El lector informado no necesita ser convencido de su supresión. Mi propuesta es que estos ministerios sean reemplazados por una oficina de control de empresas públicas cuyo papel no sería el de establecer los objetivos de producción y asignar los medios para su funcionamiento, sino el de hacer respetar un cierto número de orientaciones establecidas democráticamente para la utilización de los fondos públicos; por ejemplo, velar para que los asalariados de una empresa pública no puedan apropiarse de sus activos, por sí mismos o por sus asociados. La oficina de control de empresas públicas ejercería los derechos de propiedad sobre las empresas como representante de la comunidad, mientras que los asalariados de las empresas tendrían reglamentados sus derechos. No existiría mercado de capitales, con licitaciones públicas de compras y quiebras: la reestructuración de las empresas competiría a la oficina de control. Como contrapartida a la limitación de sus derechos a disponer del excedente, los asalariados de las empresas públicas recibirían una parte importante de su remuneración en forma de salario fijo y también podrían percibir primas de productividad establecidas en función de los resultados de cada individuo, equipo o empresa. Las empresas comprarían sus materiales y equipos y venderían sus productos en mercados “socializados“, con excepción de las que produzcan servicios gratuitos. Deberían operar en el marco de estrictas reglamentaciones relativas al medio ambiente, salud, seguridad y protección del consumidor, que haría respetar un cuerpo de inspectores dotado de suficientes recursos. Estas empresas deberían funcionar normalmente en base a la autofinanciación, con excepción de las que produzcan bienes gratuitos, que serían financiadas con los impuestos.

Se alentaría la creación de nuevas empresas. Equipos de trabajadores podrían dirigirse a la oficina de control para obtener la autorización de crear una empresa recibir los fondos públicos correspondientes, que devengarían interés. En algunas ramas, podría encararse un sistema en el que equipos de trabajadores licitaran para la gestión de equipamientos públicos por un cierto período. Habría espacio para toda una gama de formas de control público e iniciativas descentralizadas 5.

Evidentemente, podrían producirse situaciones en las que una empresa no sería capaz de enfrentar sus gastos y debería ser reestructurada. En este caso, intervendría la oficina de control de empresas públicas. Nadie sería despedido: por el contrario, la oficina de control ayudaría a elaborar planes de reconversión hacia empleos similares en otras empresas, iniciativas de formación o nuevos empleos. En esta situación los trabajadores gozarían de derechos bien definidos y podrían acudir a la justicia para hacerlos respetar. La oficina de control de empresas públicas proveería los fondos necesarios para la reconversión, pero también tendría el derecho de suspenderlos en el caso en que los trabajadores buscaran simplemente vivir de subsidios.

Soy consciente de no haber dicho nada sobre los procedimientos internos necesarios para la aplicación de una auténtica autogestión. En la medida en que entre los trabajadores existen grandes diferencias de calificaciones y contenido del trabajo, no sería posible que todos jugaran el mismo papel. Es importante tratar de reducir las desventajas de los menos calificados, que ejecutan tal trabajo de poca responsabilidad. Es esencial un sistema de información abierto, accesible a todos los trabajadores, pero saber utilizar la información es igualmente importante y la transparencia no es una condición suficiente. Por esto, los distintos grupos de trabajadores deben poder elegir libremente a sus representantes (por ejemplo, por medio de los sindicatos) si tienen necesidad de ayuda para formular mejor sus reivindicaciones y ejercer plenamente sus derechos en el momento de las reestructuraciones. Tampoco la transparencia será suficiente cuando un entorno inestable ya que el poder de decisión esté concentrado en un pequeño número de personas. Las posibilidades de formas igualitarias de autogestión obrera tienen, además, implicancias en las relaciones inter-empresarias: en efecto, no es posible tener un sistema de información abierto dentro de una empresa y guardar el secreto frente a las otras. En consecuencia, un sistema de información plenamente abierto entre las empresas es un elemento clave de los mercados socializados y lo mismo sucede con las relaciones institucionalizadas entre compradores y vendedores, que contribuyen a estabilizar el entorno de las empresas. En estas condiciones, los mercados socializados podrían ser mucho más compatibles con la democracia industrial que los mercados organizados únicamente por las empresas.

Los mercados socializados

Comenzaré por presentar algunas características generales de los mercados socializados. Luego examinaré con más detalle cómo podrían funcionar esos mercados para la fuerza de trabajo, los bienes de producción y los bienes de consumo. Un mercado socializado es un mercado en el que intervienen entidades públicas y que está financiado más por los impuestos pagados por las empresas y las familias, que por las transacciones. Los “apretones de mano invisibles“, entendimientos y acuerdos que las economías de mercado consideraron necesario efectuar, al menos hasta cierto punto, toman en el mercado socializado la forma de redes públicas de información y no de “círculos de iniciados“, “clubes privados” cuya función es excluir a los outsiders. Estas redes dispondrían de secretariados financiados por el impuesto más que por la venta de sus servicios.

Lo interesante de la intervención de sujetos públicos (llamémosles comisiones de precios y salarios) es que permiten suprimir los obstáculos que se oponen a la circulación de la información en los mercados privados. La escuela austriaca subrayó siempre el hecho de que los mercados producen información, pero no insistió lo suficiente sobre la manera en que fragmentan esa información. Las empresas que buscan maximizar sus ganancias y están unidas entre ellas por relaciones de intercambio, tienen interés en disimular la información sobre su productividad, costos de producción e innovaciones. Una de las ventajas del mercado es la de favorecer la descentralización de la iniciativa, pero uno de sus inconvenientes es también el de obstaculizar la globalización de la información. Un mercado socializado permite la descentralización de la iniciativa y éste es uno de los rasgos esenciales de una sociedad liberadora, pero además crea nuevos canales y estímulos para que las iniciativas individuales sirvan al bien común.

Las comisiones de precios y salarios tendrán tres funciones que cumplir. En primer lugar, deberán proveer los medios necesarios para el intercambio de información sobre las condiciones del mercado. La naturaleza de esos medios dependerá del grado de desarrollo económico. En una economía agraria pobre, la primera etapa será la construcción de los mercados. En una economía industrializada que disponga de computadoras, puede encararse un mercado electrónico. Los mercados electrónicos se desarrollan, en orden disperso, en las economías capitalistas industrializadas; pero un mercado electrónico público tendría la enorme ventaja de la estandarización, mientras que hoy su desarrollo choca con la incompatibilidad de los distintos tipos de equipamiento. Pueden realizarse importantes economías en la recolección y tratamiento de la información y un mercado electrónico integrado podría disponer de costos inferiores. Las empresas y familias serían de esta manera estimuladas a utilizar este mercado público, porque les resultaría más barato que buscar, por sus propios medios, reunir una información dispersa.

¿Qué tipo de información deberían recolectar las comisiones de precios y salarios? Habría que ir más allá de una simple información sobre los precios unitarios. Una de las ventajas de un mercado socializado consiste en hacer transparentes los mecanismos de formación de precios. En las economías de mercado industrializadas, la mayoría de las firmas forman sus precios agregando un margen a su costo unitario, pero no se conoce la división entre costos y margen. Las comisiones de precios tendrían necesidad de información sobre los costos unitarios para que el público pudiera juzgar la relación entre costos y precios. ¿El disponer de esta información ocasionaría gastos suplementarios a las empresas? No, porque las empresas elaboran ya esta información para sus propias necesidades internas de gestión […] La segunda tarea sería controlar la divulgación de esta información sobre la base de planes contables estandarizados, como pre-condición para el acceso a los mercados públicos.

La tercera función sería la de guiar la formación de precios y salarios. Por supuesto es imposible que las comisiones de precios y salarios supervisen por sí mismas cada contrato y controlen “centralmente” todos los precios. Siempre existe la posibilidad de transacciones clandestinas, “grises” o “negras” que escapan al control central. Sin embargo, las comisiones pueden producir normas de precios y salarios y procurar la información necesaria para una “regulación” descentralizada de los precios y los salarios. Los impuestos y la codificación dé los contratos pueden también contribuir al respeto de las normas y el castigo de las infracciones. Los precios y salarios propuestos en cualquier transacción podrán así compararse con las normas. Si el comprador y el vendedor desean apartarse de la norma (para asegurar, por ejemplo, una entrega más rápida o un cambio de calidad), podrían hacerlo. Pero también podrían rechazar estas desviaciones respecto de las normas, pidiendo una investigación a la comisión respectiva. Si muchos compradores y vendedores están de acuerdo en apartarse de la norma, esto puede indicar que hay que revisarla. Sin embargo, a corto plazo, las economías industriales descentralizadas se caracterizan más bien por la rigidez de sus precios y el ajuste por cantidades juega el papel principal: modulación de la demanda, fluctuación de los stocks, cambios en la composición de la producción. A más largo plazo, el ajuste por los precios adquiere importancia por la influencia que éstos ejercen en las decisiones de inversión. A causa de esta rigidez de los precios, a veces la comisión deberá anticipar más que seguir el curso de las transacciones y cambiar las normas de los precios antes que los precios de las transacciones corrientes se hayan modificado considerablemente. Para esto, deberá movilizar la información proveniente de las redes sobre la evolución de los stocks y de las tasas de utilización de las capacidades. Las normas deben fijarse mediante negociaciones, sobre la base de la información proveniente de compradores y vendedores, en lugar de imponerlas “centralmente“, sin tomar en cuenta sus necesidades 6. Una economía más desarrollada puede combinar mercado electrónico y sistema de pagos electrónico. Un sistema electrónico público para las transacciones de los mercados podría registrar los términos de todos los contratos y esta información serviría para identificar las desviaciones de la norma; aquí también los bajos costos estimularían a compradores y vendedores a utilizarlo. Estos sistemas automatizados de pago se están desarrollando en los países capitalistas industrializados, pero, como en el caso de los mercados electrónicos, tropiezan con la ausencia de normas homogéneas y con costos iniciales muy altos.

La intervención pública en los mercados debe completarse con la organización de redes de compradores y vendedores interesados en el intercambio directo de informaciones como la especificación de los productos, procedimientos de fabricación y proyectos de inversión. Estas redes 7 serían diferentes de las burocracias con sus pesadas jerarquías que funcionan a reglamento, pero también de los mercados, cuyas relaciones son discontinuas y funcionan por dinero. Dichas redes se distinguirían de las redes informales de subcontratos entre empresas, porque contarían con secretariados financiados por fondos públicos y encargados de facilitar la circulación de la información; su acceso sería libre para todo actor social que reuniera cierto número de condiciones mínimas. El principal centro de interés de estas redes no estaría en los precios y costos, sino en el volumen y las especificaciones de los bienes y. en los procedimientos de fabricación. Cada uno tendría la posibilidad de instalar su propia red, pero estas iniciativas espontáneas estarían encuadradas por las redes públicas, cuyos coordinadores tendrían el poder de imponer la divulgación de la información. Las redes compradores- vendedores permitirían objetivar algunas de las interdependencias que existen entre agentes y, en esas condiciones, las unidades individuales podrían tomar sus decisiones de manera más conforme al interés general, integrando los efectos que podrían tener sobre los otros y sobre sí mismos.

Los coordinadores de las redes y las comisiones de precios y salarios tendrían, entonces, la función de facilitar la circulación de la información, asegurar su divulgación, pero también jugar un papel interactivo en las especificaciones de los productos y los procedimientos de fabricación. Habría que encarar varias redes dirigidas, por ejemplo, hacia la energía, los transportes, las capacitaciones, los bienes de consumo. Las variables en las que se especializarían estas redes compradores-vendedores serían las de stocks, capacidades de producción y normas técnicas. Una vez más, esto no implica para las empresas elaborar una información que sería una fuente de costos suplementarios sino difundir una información de la que tienen, de todas maneras, necesidad para su propio uso […]

Las redes compradores-vendedores formarían la base de un proceso de planificación descentralizada, en el cual se tomarían en cuenta antes de la aplicación de estos planes, los efectos combinados de los planes de inversión de cada unidad de producción. Los secretariados de estas redes podrían actuar coordinadamente con una agencia nacional de planificación para definir una estrategia económica nacional que produzca un consenso general. La necesidad de descentralizar las decisiones sobre la utilización de las capacidades y la innovación no implica que toda forma de planificación central de la economía sea superflua. Por el contrario, debe existir una estrategia global, que indique los sectores a desarrollar o reestructurar, que decida lo que se consagra a la inversión y al consumo y, por último, que permita localizar los cuellos de botella que hay que superar y los que deben considerarse como una limitación obligatoria. Pero esta estrategia no se aplicará a través de una asignación centralizada de los recursos materiales ni por la definición de objetivos de producción para cada empresa. Sin duda, las experiencias de planificación estratégica en Francia o en Japón son las que más se acercan a mi idea, pero no disponen de toda una serie de procedimientos que existirían en una economía socialista y, además, se basan en redes de información que son redes “a la antigua”, cámaras de comercio más que redes de acceso libre. En el caso de la mano de obra, los bienes de producción y de consumo, las comisiones y las redes funcionarían de manera diferente, por eso serán tratadas por separado.

El mercado de trabajo

La comisión de salarios tendría por función reunir la información sobre la oferta y la demanda de empleo. Por cierto esto no sería una novedad, pero estos servicios han carecido a tal, punto de recursos en las economías capitalistas que sólo pueden ofrecer una información muy limitada, por lo que dejan un amplio espacio a las agencias privadas, con o sin fines lucrativos. En especial, no se suministra ninguna información comparativa sobre el estado general del mercado de trabajo que permita a las empresas y a los trabajadores evaluar los términos de un contrato de trabajo. Tampoco existe información disponible sobre la forma en que se fijan los salarios relativos (a partir de escalas de referencia o sobre la base de los salarios reales).

Para funcionar con eficacia, las comisiones de salarios no pueden limitarse a tener al día la información sobre la oferta de empleos: deberían, además, hacer el seguimiento de las condiciones de trabajo y de remuneración, así como la descripción de los puestos y los desarrollos de las carreras. Es el tipo de información que, de todas maneras, reuniría una oficina de personal: lo que falta es la difusión de esta información y su tratamiento por la comisión. Serían suficientes computadoras personales para presentar una rápida síntesis de estos datos que sea utilizable por los que buscan u ofrecen empleo. Con la condición de disponer de suficientes recursos, la comisión de salarios no agregaría una burocracia suplementaria porque reemplazaría a todos los que, en las economías capitalistas, producen este tipo de información, pero de manera dispersa y oculta.

La comisión de salarios podría contribuir a hacer respetar ciertas exigencias mínimas en los contratos de trabajo, rechazando la entrada al mercado socializado de las ofertas de empleos que no respondieran a esos criterios. De la misma manera, podría ayudar a imponer cierto número de normas salariales, como el principio de igual salario por igual trabajo o también una escala salarial que no privilegie sistemáticamente la fuerza muscular en relación a la habilidad manual. Por supuesto, estas disposiciones deberían integrarse a la legislación, pero, paralelamente, la comisión podría favorecer el papel motor de los sectores más avanzados.

Además de la gestión de la información, la comisión de salarios tendría que elaborar “normas” de referencia para las escalas salariales y para los aumentos generales. Esto sería una decisiva contribución al establecimiento de un reparto justo de los ingresos sociales y al control de la inflación. Es absolutamente esencial que sean tomados en consideración todos los salarios, desde el del presidente (elegido democráticamente) hasta los de los trabajadores menos calificados. (Aquí supongo que no existe ingreso por la propiedad, salvo los intereses que remuneran el ahorro personal). Como se garantizaría a cada uno un ingreso mínimo, es probable que el salario relativo de los que realizan un trabajo poco calificado, desagradable o penoso, se encontraría en un nivel más alto que en la actualidad, porque, de lo contrario, nadie querría realizar esos trabajos.

El establecimiento de normas de salarios relativos se sometería a procedimientos de evaluación de puestos democráticamente controlados, que serían objeto de una revisión anual que tome en cuenta la evolución de las estructuras económicas y sociales tal como se reflejan en las estadísticas de ofertas y demandas de empleo. El establecimiento de una norma general para la progresión de los salarios resultaría de decisiones macro-económicas referentes a los niveles admitidos de inversión y consumo y al crecimiento de la productividad. La aplicación de esta norma estaría asegurada de varias maneras: impuestos, conformidad con los contratos, publicidad de las infracciones y, sobre todo, creación de una atmósfera de confianza basada en la transparencia de una sociedad en la cual los precios se forman a partir de normas fijadas por las comisiones de precios. La finalidad sería hacer que el mecanismo de fijación de salarios fuera lo más transparente posible.

Sin duda, en ese sistema, la preocupación principal de los sindicatos dejaría de ser la negociación salarial. Pero seguramente cumplirían un papel igualmente importante, el de otorgar a sus miembros los medios de defender sus derechos, para negociar la organización de la producción y la afectación del excedente disponible después de pagar los impuestos y para movilizar su experiencia en los procedimientos para el establecimiento de diversas normas. Los sindicatos son una forma de expresión de la división del trabajo, y en la medida en que ésta se transformara, su papel también evolucionaría. Pero mientras perduren diferencias sustanciales en el contenido de los empleos, algunos que implican responsabilidades de organización (“trabajo intelectual“) mientras otros se limitan a tareas de ejecución (“trabajo manual“), los sindicatos son esenciales para la defensa de estos últimos. Este papel implicaría tanto el derecho de huelga, como una verdadera independencia organizativa.

No habría más desempleo involuntario porque la oficina de control de las empresas públicas actuaría como una sociedad holding para las personas cuyos empleos hayan sido suprimidos; les abonaría su salario básico y les ofrecería una estructura de organización y formación hasta que hayan encontrado un empleo. Las redes entre solicitantes y ofertantes de empleo (incluyendo las familias y las instituciones de formación y enseñanza) podrían jugar un papel importante para reducir los costos de esas operaciones; servirían como referencia para la planificación de la mano de obra, al reunir información cuantitativa sobre la estructura y las previsiones de empleos. Podrían organizarse muchas redes por tipo de empleo y calificación. Solicitantes y ofertantes de empleo tienen un común interés en el desarrollo de la capacitación y estas redes constituirían un marco de referencia para acciones de formación de la fuerza de trabajo, que evitaría la creación de empleos sin perspectivas o una capacitación muy limitada o demasiado específica. No suprimiría el conflicto existente entre la aspiración personal de ocupar un empleo satisfactorio y la necesidad de la empresa de asegurar su autofinanciación, pero ofrecería un espacio para que los diferentes agentes pudieran confrontar sus puntos de vista sobre los proyectos de formación, enseñanza y organización del trabajo. Además de la recolección y distribución de la información, una de las tareas de los secretariados de redes consistiría en organizar intercambios de experiencias por medio de cursos, intercambios de personal entre centros de formación y enseñanza y consejos recíprocos […]

El mercado de bienes de producción

La compra y la venta de bienes de producción pone en relación a las empresas. No hay razón para que las empresas públicas no puedan tomar iniciativas descentralizadas para la compra y venta de bienes de producción, en un marco establecido por la oficina de control de empresas públicas, con la finalidad de regular mejor las fluctuaciones de su producción y evitar el derroche de sus activos. No hay mucho que agregar en cuanto a las actividades de la comisión de precios que estaría encargada, aquí también, de asegurar la circulación de la información sobre las condiciones del mercado. Su función de divulgación de la información reviste una especial importancia en la medida en que los cárteles y los arreglos de precios son muy frecuentes en algunas industrias de bienes de producción. ¿Podemos confiar en que las empresas respeten las normas contables establecidas y revelen sus costos unitarios? ¿No van a establecer una doble contabilidad, una para la comisión de precios y otra para sí mismas? Una cuestión extremadamente importante es la calidad de la información: son bien conocidos los problemas creados por el hecho de que en los sistemas de asignación centralizada de los recursos, las empresas no comunican a los planificadores centrales la información pertinente sobre sus necesidades en materia de recursos productivos. En estos sistemas, existe una tendencia inherente a la “desinformación” porque los órganos de planificación determinan a la vez los objetivos de las empresas y la atribución de los recursos correspondientes. Naturalmente, la tendencia de las empresas consistió en inflar las estimaciones de sus recursos para lograr más fácilmente los objetivos de producción. ¿Existen mecanismos análogos que podrían conducir a una sobre o sub estimación de los costos unitarios comunicados a la comisión de precios? Para responder esta pregunta, es necesario examinar la naturaleza del proceso de formación de precios.

Es algo sabido que ellas economías capitalistas industrializadas, la mayoría de las empresas fijan sus precios agregando a los costos unitarios un margen cuyo monto está modulado por las reacciones de la competencia y los consumidores. La comisión de precios establecería normas de precios análogas, con la diferencia de que el referente sería el costo unitario medio y el margen se ajustaría en función de las necesidades de inversión de la economía. Cuanto más alta fuera la tasa general de inversión fijada por el plan, más elevado debería ser el margen. Sin embargo, podría variar de una rama a otra, a fin de generar un excedente más alto en las ramas para las que está programado un crecimiento más rápido y un excedente menos importante en las que están llamadas a crecer más despacio. Este es el procedimiento de formación de precios adoptado por Kalecki 8 cuya diferencia con el método por tanteos preconizado por Lange es que las normas de precios no tienen por objetivo ajustar la oferta y la demanda instantáneas, sino impulsar un despliegue coherente con el plan, gracias a las diferencias de rentabilidad entre sectores. Este procedimiento es compatible con la fijación de precios específicos para el caso de bienes no estandarizados, producidos en pocos ejemplares, caso que se encuentra con frecuencia en algunas industrias de bienes de capital. Las normas de precios podrían revisarse anualmente, sin que sea obligatorio actualizarlas todas al mismo tiempo y permanecerían estables entre dos revisiones. Este examen anual permitiría saber si la evolución de los costos y la de la demanda (revelada por la de los stocks) justifican una modificación de los precios. La proporción en la cual los cambios de costos repercutirían en las normas de precios dependería de saber si el nivel de producción de un sector debe ser aumentado, mantenido o reducido. Este proceso de formación de precios sería transparente porque el público conocería los criterios de fijación de normas de precios y podría comparar los precios con las normas vigentes. Esto alentaría la búsqueda de la eficacia, porque las normas dependerían de costos y márgenes medios: una firma cuyos costos se situaran por debajo del término medio podría realizar un excedente más importante y dispondría de fondos suplementarios que podría destinar a su crecimiento o a primas suplementarias para sus trabajadores. Así se limitaría la posibilidad para las grandes empresas de garantizar su propia ganancia mediante la reducción de la de sus subcontratistas. También se frenaría la tendencia de las empresas a mantener su margen de ganancia aún cuando no utilicen plenamente sus capacidades y a mostrarse poco dispuestas a bajar los precios o aumentar la tasa de utilización de sus capacidades; comportamientos que caracterizan a las empresas en las economías capitalistas, con el riesgo constante de desembocar en una demanda agregada insuficiente 9.

Este procedimiento deformación de normas de precios (combinado con un conjunto de medidas destinadas a alentar su difusión) contribuiría a la aplicación de orientaciones macro-económicas y reduciría los riesgos de que la economía se deslice hacia la inflación. La doble necesidad de integrar esta dimensión macro-económica y acompañar las reestructuraciones explica que el proceso de formación de precios no debe dejarse a la sola iniciativa de las empresas. Las decisiones relativas al nivel y la composición de la producción, y la combinación productiva, corresponderían a las empresas (a partir de la información suministrada por las redes), pero el procedimiento de formación de precios estaría socializado. La factibilidad de este procedimiento depende, evidentemente, de la calidad de la información transmitida a la comisión de precios. Se pueden imaginar situaciones en las que un pequeño grupo de empresas domine una rama y podría querer actuar en connivencia para transmitir informaciones de costos infladas a la comisión. Esto les permitiría realizar excedentes superiores a los programados por la comisión.

Existe todo un abanico de medidas que permiten precaverse contra los riesgos de la desinformación: un cuerpo de inspección bien dotado de recursos y encargado de verificarlas cuentas de las empresas, una reglamentación que garantice el libre acceso a los sistemas informáticos, un conjunto de medidas tendientes a hacer muy complicado y costoso el mantenimiento de una doble contabilidad (bajo la forma de libros de contabilidad, bandas magnéticas o disquetes); es decir, medidas que faciliten los nuevos ingresos a la rama y disminuyan las posibilidades de colusión (por ejemplo, mediante licitaciones para contratos por tiempo determinado). Ciertamente, la comisión de precios necesitaría disponer de medios considerables, pero éstos podrían provenir de la reafectación de los recursos que las economías capitalistas consagran a la intervención de las instituciones financieras en el mercado de capitales. Las capacidades de un analista de proyectos que trabaje para un banco comercial, son exactamente las que necesitaría la comisión de precios.

Las redes de compradores y vendedores de bienes de producción tendrían dos funciones especialmente importantes consistentes, primero, en amortiguar las fluctuaciones en la utilización de las capacidades debidas a los imprevistos de la inversión, que pueden ser muy pronunciados en ciertas ramas de los bienes de producción; y segundo, asegurar la difusión de la innovación tecnológica. En las economías capitalistas existe una amplia colaboración entre compradores y vendedores para la concepción y las especificaciones de los bienes de producción y el descubrimiento de futuras necesidades de inversión. Las nuevas técnicas de automatización llevan a ampliar el campo de las redes interempresarias, que tienden a englobar no sólo los contratos a largo plazo programación.

Algunos investigadores utilizan el término de “sistemo-factura” para designar esas unidades de producción compuestas de varias empresas autónomas, que coordinan estrechamente sus actividades de desarrollo de los productos y sus programas de producción, gracias a las técnicas de tratamiento computarizado de la información Sin embargo, esta posibilidad no se ha extendido porque las empresas privadas pueden mantener reservada su información cuando esto les procura una ventaja frente a la competencia. En el esquema de economía socialista presentado aquí, ese derecho no existiría Las empresas públicas deberían compartir la información sobre las innovaciones técnicas y los programas de producción, condición para el acceso a los fondos públicos. Las cooperativas y las empresas individuales tendrían la misma obligación, lo que sería para ellas la condición para el acceso a los mercados y redes públicas. Afín de mantener estímulos materiales para la innovación tecnológica, se podría abonar un canon por el depósito de patentes en un banco tecnológico al que tendrían acceso todos los miembros de las redes y que podría contribuir a la financiación de la investigación en las empresas. Se desalentaría, en la medida de lo posible, la competencia basada en la retención de información. (A este respecto, la economía socialista tal como la concibo, se aproximaría mucho más que cualquier otra forma de economía al modelo neoclásico de competencia, que parte de la hipótesis de que todas las técnicas son accesibles para todos).

El mercado de bienes de consumo

Muchos de los procedimientos expuestos anteriormente, podrían ser aplicados a los bienes de consumo. Me detendré en lo que les es específico: los compradores son familias que no disponen del mismo volumen de recursos o de conocimientos especializados que tienen las empresas. Sin embargo, si las familias adoptan una política miope de consumos puntuales, consideran cada compra como un acto separado e ignoran las relaciones entre condiciones de producción y uso de los bienes, corren el gran riesgo de actuar contra sus propios intereses 11. El papel de un mercado socializado sería poner los conocimientos a disposición de las familias para hacerles tomar conciencia de las interdependencias entre sus actividades como productores y consumidores. La información proporcionada por la comisión de precios permitiría a las familias comprender cómo se descompone el precio al por menor de un artículo: el desglose por actividades intervinientes en la fabricación, el reparto de los márgenes y costos en los distintos estadios de la producción y, por último, los impuestos y subvenciones incorporados al precio. Entonces sería posible mostrar a las familias las razones del alza de un precio, mediante la indicación de los costos que han aumentado o de los márgenes que han sido elevados para favorecer el crecimiento de la producción. La reacción de las familias a las alzas de precios es un elemento primordial en el funcionamiento de las economías capitalistas o del socialismo real. En ninguna de esas economías las familias reciben la información necesaria para evaluar los precios, decidir si los aumentos están justificados o distinguir entre los cambios de precios relativos, necesarios para la regulación de la economía y los aumentos de precios a nivel general. En efecto, la rigidez de los precios en baja deriva de que los ajustes de precios relativos sólo han podido hacerse como elemento de un aumento general de los precios. Ningún sistema de precios puede producir un sistema racional de afectación de recursos si los precios no cubren los costos corrientes y las futuras necesidades de inversión. Pero, en la medida en que la formación de los precios es opaca, no es sorprendente comprobar que las familias no confían en las autoridades (ya sean empresas capitalistas o planificadores socialistas) cuando anuncian que es necesario un aumento de precios. No hace falta, sin embargo, una información detallada de todos los bienes y servicios; sería suficiente con que estuviera disponible para todos los artículos básicos, que representan una significativa proporción en los gastos de una familia.

Las redes de sub-contratatación ya existen en las economías capitalistas entre los grandes distribuidores y sus proveedores, de manera análoga a las existentes en el ámbito de los bienes de producción. Distribuidores como Marks and Spencer, The Body Shop o Benetton son muy buenos ejemplos de “sistemo-facturas“. Pero las familias no están integradas a esas redes y permanecen en una posición de debilidad relativa. Para remediarlo, propongo que se forme una unión de consumidores que pueda intervenir como coordinador de las redes, relacionando las familias y las empresas que producen y comercializan, al por mayor o al pormenor, servicios o bienes de consumo. Esta unión suministraría la información sobre la calidad de bienes y servicios, como ya lo están haciendo las asociaciones de consumidores en algunos países capitalistas industrializados. Pero su función sería más amplia porque debería suministrar también la información sobre las condiciones de producción de bienes y servicios y sus implicancias para el medio ambiente. Las familias que quisieran evitar la compra de bienes producidos bajo ciertas condiciones y favorecer otros con distintas condiciones de producción, dispondrían de la necesaria información. Los bienes producidos en mejores condiciones (desde el punto de vista de la ecología, la igualdad de oportunidades o las condiciones de trabajo) serían los preferidos. La unión de consumidores enseñaría a las familias a tomar en cuenta las implicaciones indirectas de sus compras y no sólo buscar el medio para satisfacer al menor precio sus necesidades inmediatas. Ayudaría a las familias a comprender que la compra que representa la “mejor elección” en un momento dado, puede traer inconvenientes a largo plazo. De esta manera, la unión de consumidores tomaría a su cargo un buen número de las preocupaciones de los “ecosocialistas“.

Las actividades de la unión de consumidores excederían ese papel de formación, porque también ofrecería servicios para hacer más fáciles las compras y ayudar a las familias a extender las iniciativas respecto a la concepción y especificaciones de los productos. La unión tendría una sección en cada localidad, que diariamente se informaría sobre la disponibilidad de bienes y servicios y podría difundirla a las familias a través de los sistemas de televisión locales. El uso de inventarios automatizados permite una recolección fácil y rápida de los datos sobre el nivel de los stocks. Si una familia quiere saber dónde puede comprar pantalones de pana azul oscuro para un niño de nueve años, la unión de consumidores podría suministrarle este dato y evitarles largas búsquedas infructuosas. La unión de consumidores permitiría también a las familias tomar la iniciativa de encargar ciertos productos, en lugar de limitarse a reaccionar ante las iniciativas de los productores. Su personal comprendería especialistas en la defensa de los consumidores, pero también analistas e ingenieros capaces de identificar las necesidades no satisfechas y trabajar junto con los productores para asegurar que las tomen en cuenta correctamente. Por cierto, los productores buscan sistemáticamente descubrir los potenciales de venta, pero el trámite no sería exactamente el mismo, porque los productores tienen una tendencia intrínseca a modelar la expresión de las necesidades para obtener la máxima ganancia, para las familias es difícil determinar la mejor manera de responder a sus necesidades si ignoran todas las posibilidades técnicas; la especificación de las necesidades es, a menudo, difícil de hacer en abstracto, pero es mucho más fácil cuando se está confrontado a opciones bien definidas. Por cierto existe un conflicto potencial entre las economías de escala y la personalización de los productos tendiente a responder a necesidades precisas. Pero este conflicto se atenúa con el desarrollo de la especialización flexible, con la utilización de equipos que puedan pasar de la producción de un lote de productos a otro lote, sin la pérdida de tiempo debida a su adecuación.

Todas las empresas que deseen producir o vender bienes y servicios destinados a las familias, deberían registrarse en la unión de consumidores y comunicar la información sobre sus productos, sus procedimientos de fabricación y el nivel de sus stocks, información que, de todas maneras, necesitan para sí mismas. Gran parte de los recursos que las economías capitalistas dedican a los estudios de mercado y a la publicidad, podrían dirigirse hacia la unión de consumidores, los que se beneficiarían con economías de escala y costos inferiores. Es esencial que la unión de consumidores sea financiada mediante el impuesto, para permitirle actuar con toda independencia y evitar que ella misma deba utilizar las técnicas de venta más agresivas.

En esta economía, la competencia seguiría actuando, pero sería una competencia mucho más controlada que en cualquier economía capitalista. Naturalmente, existirían leyes para proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente y otras para definir los derechos de los asalariados o de los consumidores. Pero la competencia también estaría limitada por la posibilidad de cada familia de acceder a los medios de producción y por la falta de apropiación privada de los conocimientos. Sin embargo, estos límites no deberían desalentar la innovación debido a que el banco tecnológico abonaría cánones en relación con las patentes de invención depositadas. De todas maneras, las ganancias suplementarias no son el único motor de la innovación: más tiempo libre, menos trabajo penoso, reconocimiento social, el puro placer de crear un nuevo saber y haber resuelto un problema, todo esto constituye un poderoso estimulante para la innovación. Además, la oficina de control de las empresas públicas tomaría en cuenta las capacidades de innovación de cada equipo de trabajadores en el momento de la reestructuración o la creación de nuevas empresas.

Coordinación y control consciente

Trataré de presentar ahora, de manera sintética, el modo de coordinación que concibo para una economía socialista. En primer lugar, el objetivo no sería aquí realizar un equilibrio ex-ante entre la oferta y la demanda con anterioridad a la producción. Es una tarea imposible. El problema de la coordinación por el mercado privado no estriba en su incapacidad de producir este ajuste, sino en su incapacidad de hacerlo de manera óptima. Existe toda una serie de razones que permiten comprender por qué las empresas que se autofinancian no van a reducir necesariamente los precios de los bienes con oferta excedentaria y aumentar los de los bienes con demanda excedentaria. Kalecki hace derivar la rigidez de los precios de los acuerdos entre oligopolios; más recientemente, economistas keynesianos e institucionalistas han comenzado a explorar otros esquemas explicativos, haciendo intervenir los costos de información y transacción. En la incapacidad de los mecanismos de mercado para realizar los ajustes micro-económicos se encuentra la raíz de problemas macro-económicos como el desempleo y la inflación, que constituyen una preocupación esencial de los socialistas. Estos dos problemas no pueden abordarse por separado: el objetivo es establecer un proceso de coordinación que permita evitar el desempleo y la inflación, asegurando, al mismo tiempo, la progresión de la productividad y la satisfacción de las necesidades de la gente.

La planificación económica global cumple un papel vital para determinar los parámetros que definen el campo de acción de cada empresa y permiten ver con anticipación las principales interdependencias. Pero esta planificación tomaría la forma de una estrategia de conducción, de una visión de futuro y no de un procedimiento detallado de asignación de los recursos materiales. Los planificadores de la oficina central de planificación económica se apoyarían en las redes de información para formular escenarios alternativos, entre los cuales la elección se efectuaría según un procedimiento político democrático. La política impositiva y monetaria jugaría un papel importante en la ejecución del plan, pero también en las relaciones de reciprocidad, cooperación y persuasión, como sucede en el caso japonés.

Las empresas no estarían sometidas al corset administrativo de los ministerios, sino que dependerían de la oficina de control de las empresas públicas, con excepción de las cooperativas y las empresas individuales. Los asalariados de las empresas del sector público tendrían un derecho de uso pero no un derecho de propiedad sobre esas empresas, que, por otra parte deberían asegurar su autofinanciación. La redistribución de la mano de obra entre las empresas estaría asegurada por la oficina de control. Las empresas serían libres de elegir a sus proveedores y sus clientes, pero estas transacciones, así como las ventas finales a las familias, deberían pasar a través de comisiones de precios y salarios y coordinadores de redes, incluida la unión de consumidores. Las empresas establecerían un contacto permanente con sus proveedores y clientes a través de canales públicos, financiados por los impuestos y estos canales de información estarían ampliamente abiertos. La formación de precios y salarios sería transparente. Así serían eliminados los obstáculos para la circulación de la información, es decir los mercados privados.

Este sistema de coordinación no implica la manipulación simultánea de una gran cantidad de información, a diferencia de una planificación central integral (lo que, por otra parte, se estima imposible, aún con las computadoras más recientes). Por el contrario, se basa en la recolección y el tratamiento, a intervalos regulares, de subconjuntos separados, de una información ya elaborada por las empresas para su propio uso, referente a los costos unitarios, niveles de stock, especificaciones de los productos y procedimientos de fabricación. Aquí el obstáculo no es técnico, ya que la tecnología corriente de las computadoras personales puede perfectamente administrar este tipo de información en muy poco tiempo. Las economías pobres pueden utilizar técnicas electromecánicas (o incluso “ábacos“) y mostrarse más selectivas en cuanto al alcance de la socialización de los mercados. Más que agregarse a la miríada de operaciones fragmentadas de las empresas privadas, el sistema público de información lo sustituiría, y permitiría realizar considerables economías. El obstáculo no es técnico: es social y político. Los que ocupan posiciones de poder se opondrán a la difusión de la información. No existe una receta infalible para imponer esta difusión, pero en una economía en la que la capacidad de iniciativa estuviera ampliamente extendida y en la que no existiera el mercado del capital, deberían reconocerse más fácilmente los beneficios que se pueden obtener al compartir la información.

El libre acceso á la información es la llave de un control consciente de la economía. Entre los marxistas (comenzando por Marx) se ha desarrollado una tendencia que consiste en sugerir que bastaría con hacer converger toda la información necesaria en un centro único, capaz de tomar sus decisiones apartar de un conocimiento perfecto de todas las interconexiones y ramificaciones. Este es un proyecto irrealizable y, además, no deseable. Es mejor concebir el control consciente como el libre acceso de cada uno a la información disponible referente a un producto y a su precio, de tal manera que cada persona que debe tomar una decisión, pueda acceder a la misma información que todos los demás.

Esto tiene consecuencias sobre la cuestión de saber cómo pasar de la sociedad en que tíos encontramos hoy a la sociedad socialista, tal como la concibo. En las economías capitalistas, el punto importante parece ser atacar la intromisión del capital en la información y comenzar a desarrollar redes que prefiguren las que serán necesarias en una economía socialista Una serie de cuestiones referentes a la regulación del mercado, las prácticas restrictivas y los cárteles, los problemas del medio ambiente, la protección de los consumidores, la democracia industrial, las políticas industriales nacionales, incluida la transparencia gubernamental, podrían articularse en una campaña coherente por el libre acceso a la información. Luego deberían establecerse prioridades en favor de los que estén más lejos de los medios de acceso a la información y control, la gente que tiene menos educación y capacitación y que son también, en general, los más pobres. Esto además, tendría la ventaja de situarse en el terreno de la moral y de asociar a toda una serie de no-socialistas, al igual que a los socialistas, colocándose en el corazón mismo de la capacidad del capital para explotar el trabajo […]

NOTAS

1. Este texto es la segunda parte, ligeramente abreviada de un largo artículo titulado “Market Socialism or Socialization of the Market?” publicado en New Left Review, n°172, noviembre-diciembre de 1988, p.3-45 y ya reproducido en francés en Critique Communiste. Se ha suprimido la primera parte, con una discusión de las tesis de Alec Nove y Ernest Mandel.

2. La actual versión debe mucho a los comentarios de Michael Barratt Brown.

3. Ver, por ejemplo, los artículos de Van der VEEN y Van PARJS, Olin WRIGHT, NOVE y ELSTER en Theory and Society, vol. XV, n°5,1986; ver también PURDY, The Theory of Wages, Londres, 1988.

4. Ver el debate en Theory and Society, loc.cit.

5. Para una discusión profundizada de la innovación en las formas de organización del sector público, ver R.MURRAY, “Ownership, Control and the Market”, New Left Review, nº 164, julio-agosto de 1987.

6. La idea de una formación de precios interactiva se encuentra en el modelo de economía socialista de Lange, pero el procedimiento de formación de precios es diferente al aquí propuesto. Ver O.LANGE, “On the Economic Theory of Socialism”, en A. NOVE y D.NUTI dir., Socialist Economice, Harmondsworth, Penguin Modern Economic Readings, 1972.

7. Para otro enfoque del potencial de las redes de información en la organización de una economía socialista, ver Michael BARRATT BROWN, Information Networks, Mimeo, 1988.

8. M.KALECKI, Selected Essays on Economic Planning, Oxford, 1986.

9. Esta tendencia dio lugar a varias formulaciones teóricas, entre las que se pueden citar el “apretón de manos invisible” de Okun y el “grado de monopolio” de Kalecki. Ver OKUN, Prices and Quantities: a Macroeconomic Analysis, Washington, 1981 y M.KALECKI, op.cit. 

10. R.KAPLJNSKY “Electronic-based Automation Technologies and the Onset of Systemofacture”, World Development, vol. XIII, n°3,1985. 

11. Ver numerosos ejemplos que ilustran este aspecto en F.HIRSCH, Social Limits to Growth, Londres, 1977.

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