Julio Anguita

Para poder poner cada cosa en su sitio, hay que tener memoria. Y si se carece de ella o se intenta tergiversar, siempre nos quedarán las hemerotecas. ¿Por qué esta reflexión?. Si se hace un pequeño esfuerzo, no hace mucho tiempo el PCE tuvo un Secretario General llamado Julio Anguita, con un discurso coherente, razonado, debatido. Un discurso que acentuaba las contradicciones del “socialismo verbal” del PSOE y molestaba. Un discurso que los poderosos de hoy y de ayer tacharon de iluminado, utópico, irrealizable.
¿Cuál era el núcleo de aquel discurso?. La exigencia del cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la alerta de la deriva neoliberal que el proceso de construcción europeo estaba adquiriendo (de aquellos polvos, estos lodos). Un ejemplo de ello lo tenemos en el discurso pronunciado por Julio Anguita, en la Fiesta del PCE’96.
Queremos destacar como en 1996, el PCE e IU por boca de su coordinador general ya avisaban de aquello en lo que iba a convertirse la UE y lo que iba a suponer para el conjunto de las y los trabajadores. ¿Se equivocaron o acertaron?.

DISCURSO DE JULIO ANGUITA. FIESTA PCE’96

En nombre de la dirección federal del PCE quiero agradecer en primer lugar, a los hombres y mujeres de nuestro partido que trabajan desinteresadamente en el soporte material de esta Fiesta, su esfuerzo, su entrega y su laboriosidad. Sin ellos y ellas no sería posible este acontecimiento político. También saludamos a las delegaciones extranjeras que en número de 56 comparten con nosotros, no solo la alegría y la confraternización de estos momentos, sino también un objetivo final de plena emancipación humana para todo el planeta Tierra. Bienvenidos a todas y a todos los que en estos momentos estáis aquí escuchando estas palabras o en cualquier rincón de este recinto ferial. Sin vuestro apoyo, presencia y calor no sería posible tampoco, esta Fiesta PCE’96. La historia del PCE es la historia de la entrega de sus hombres y mujeres a la causa de la Libertad y de la Democracia. Desde la defensa de la legalidad republicana frente al fascismo en 1936 hasta acontecimientos posteriores, el PCE siempre ha considerado como condición y base para la construcción del socialismo, la consolidación y profundización de la democracia. Y ello no solo porque estamos convencidos de que el socialismo, por el que luchamos, es la Democracia llevada hasta sus últimas consecuencias, sino también porque hemos entendido que los trabajadores, los asalariados y las capas medias son los primeros beneficiarios de un sistema de libertades plenas y de un marco de participación bajo el imperio de la Ley y el Derecho. Recordemos aquella afirmación categórica de Vladimir Illich «Lenin» de que no existe una democracia burguesa o una democracia proletaria, sino grados de profundizaron en la teoría y en la práctica del concepto Democracia.

Nuestra historia está llena de propuestas de acuerdo o de pacto para consolidar un marco democrático. Nuestra historia está llena de ejemplos que evidencian la prioridad que el PCE da a la Democracia, incluso sobre otros contenidos políticos inherentes a nuestra concepción del Estado y sus distintas formas de constituirse.

Nuestra historia está llena de cesiones transitorias en aspectos importantes para nosotros a cambio de conseguir la implantación de un Sistema Democrático: su desarrollo, profundización y concreción en decisiones, propuestas y contenidos: Reconciliación Nacional, Pacto por la Libertad, Junta Democrática, etc.

El PCE sigue siendo, tanto en sus elaboraciones teóricas, en la orientación de sus líneas políticas y en el trabajo de sus hombres y mujeres, un ferviente defensor del Estado Social y Democrático de Derecho. Y no sólo por los contenido que dicho Estado tiene, tanto en lo social como en el campo de las libertades o de los derechos humanos, sino también por ser una fase política necesaria en un país como el nuestro tan atormentado por una historia de cuartelazos, pronunciamientos, fases autoritarias, dictaduras y juego sucio de una casta dominante.

El Estado Social y Democrático de Derecho, en el caso de España está recogido en el Art. 1° de nuestra Constitución:

«1. España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.»

Camaradas y amigos: El PCE mantiene como principios y propuestas irrenunciables tres formulaciones que constituyen el eje medular de su propuesta alternativa al modelo de Estado y que no están recogidas en la Constitución Española de 1978:

1°. Propugnamos y defendemos la construcción de un Estado Federal y Solidario Español.

2°. Defendemos el reconocimiento del Derecho de Autodeterminación.

3°. Nuestra forma de Estado es la República. El PCE es republicano.

En las horas difíciles de la Transición Española nuestro Partido, en aras del consenso para que el Estado Social y Democrático de Derecho estuviese contemplado en la Constitución priorizó los contenidos del mismo a la inclusión de los dos primeros principios en la Constitución y pasó, transitoriamente, a un segundo plano, su lucha y su esfuerzo para que el futuro Estado Español tuviese la forma Republicana.

La apuesta por un Estado Federal Español y Solidario constituye hoy una propuesta alternativa en los programas y proyectos de I U. Y en cuanto al Derecho de Autodeterminación debemos hacer constar que hay documentos aprobados en la IV Asamblea de I U que así lo reconoce. En el debate que va a producirse dentro de unos meses en I U sobre la profundización y concreción de nuestro modelo federal aparece, también, como propuesta para debate y profundización el Derecho de Autodeterminación. ¿Cuáles son los contenidos, las propuestas y las conquistas del Estado Social y Democrático de Derecho recogido en la Constitución Española hicieron inclinar la balanza, en la decisión del PCE a estar presente de manera activa en el consenso constitucional? El Estado Social recogido en nuestra Constitución va vertebrándose en torno a los siguientes contenidos:

  • El Art. 35 mantiene el deber de trabajar y el derecho al trabajo para todos y todas.
  • El Art. 40 manda a los «poderes públicos», es decir al Gobierno, que haga una política orientada al pleno empleo.
  • El Art. 41, ordena a los poderes públicos que mantengan un régimen público de Seguridad Social para todos y todas y que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes «ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo».
  • El Art. 45 mantiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y obliga a los poderes públicos a que cuiden para que la utilización racional de todos los recursos naturales sea un hecho.
  • El Art. 47 mantiene que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
  • El Art. 48 manda a los poderes públicos a que promuevan las condiciones «para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural».
  • El Art. 50 manda a los poderes públicos a que garantice «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos mediante la tercera edad».

Y para que estos objetivos del Estado Social y Democrático de Derecho puedan realizarse la Constitución Española se provee de mecanismos de intervención pública y de mecanismos de participación siguiendo los enunciados y postulados de un principio general y superior.

Los mecanismos de intervención pública más importantes son los siguientes:

  • El Art. 18 de nuestra Constitución propugna como obligatoria que todos y todas contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema fiscal inspirado en la igualdad y en la progresividad. Que paguen más los que más tienen.
  • El Art. 118 reconoce el derecho de la iniciativa pública a intervenir en la actividad económica, bien creando un sector público o también acordando la intervención de empresas «cuando así lo exigiere el interés general».

Los mecanismos de intervención y de participación más importantes son los siguientes:

  • El Art. 131 reconoce a los poderes públicos la capacidad de poder planificar la actividad económica mediante un Consejo en el que estén los sindicatos otras organizaciones profesionales empresariales y económicas. E incorpora a las CC AA al proceso de elaboración de esa planificación. Una planificación económica que también se recoge como posible en el Art. 38 de nuestra Constitución.
  • El Art 37 garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral y también garantiza la fuerza vinculante de los convenios.
  • El Art. 129 obliga a los poderes públicos a que establezcan «los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».
  • Y como corolario, como recapitulación de estos derechos y obligaciones gubernamentales recogidos en la Constitución el Art. 128 proclama solemnemente: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Esta es la formulación que eleva a categoría de principio constitucional el que lo privado esté supeditado al interés general y no al revés.

El Estado Social y Democrático de Derecho se cimenta también en el desarrollo de los Derechos Humanos en otras parcelas y en otros contenidos referidos a las libertades, la igualdad, el imperio de la Ley y la Justicia. Sin la libertad y sin la democracia es imposible la justicia social. Luchar por los derechos sociales es luchar por las libertades y la democracia; y luchar por las libertades y la democracia es también luchar por la justicia social. Veamos algunos contenidos de nuestra Constitución en este sentido:

El Art. 1°, anteriormente citado, plantea entre los valores superiores de nuestro ordenamiento constitucional: la Libertad, la Justicia, la Igualdad y el pluralismo político.

El Art. 14 mantiene que los españoles y las españolas «son ¡guales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El Art. 18 mantiene que el domicilio personal es inviolable y de la misma manera garantiza el secreto de las comunicaciones: postales, telegráficas y telefónicas salvo resolución judicial.

El Art. 28 reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores.

El reconocimiento de derechos en el marco de un sistema democrático desarrolla o que constituye el principio fundamental de toda democracia, la separación de los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Camaradas y amigos, la situación del Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país es la siguiente:

1.- Negación de los contenidos sociales desde los datos suministrados por:

  • Las cifras de paro. El mayor índice de la Unión Europea.
  • Las cifras de precariedad. El mayor índice de la Unión Europea.
  • Las cifras de accidentes laborales. El mayor índice de la Unión Europea.
  • El recorte en el subsidio de desempleo.
  • La Reforma del Mercado Laboral.
  • Las empresa privadas de colocación.
  • El desarrollo del Pacto de Toledo que el Gobierno del PP pretende.
  • El torpedeamiento constante contra la posibilidad de realizar convenios colectivos.
  • La disminución creciente del sector productivo, especialmente el industrial.
  • La privatización del sector público y de los servicios sociales.
  • El desarrollo de una política fiscal cada vez más regresiva: aumentan los impuestos indirectos y disminuyen los directos; en una clara política en favor de los más poderosos.
  • Propuestas de medidas en torno a la privatización de la sanidad pública y a la aplicación del llamado «recetazo».
  • La discriminación negativa de los jóvenes y de las mujeres en toda una serie de aspectos referidos al acceso al puesto de trabajo, las condiciones del mismo y los salarios. En el caso de las mujeres, la vulneración del principio de la OIT de que a igual trabajo igual salario se incumple en un 30 en el caso de España. Y a ello hay que sumar todo un cuadro de malos tratos, exiguas o nulas pensiones de divorcio, interrupción del embarazo fortísimamamente condicionada, etc.

2.- Pero lo que sitúa el problema en todo su dramatismo es que la política económica y social, junto con los principios del neoliberalismo que le han dado soporte ideológico y argumentación, pretende mantenerse y profundizarse cara al futuro.

El mantenimiento en la posición de cumplir como sea y al precio social que sea los contenidos y plazos exigidos para la tercera fase de la moneda única previstos en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht está en la raíz de una orientación totalmente contraria al Estado Social y Democrático de Derecho. Y ello plantea dos cuestiones sobre las que queremos pronunciarnos con toda clariedad:

Las condiciones macroeconómicas y los plazos de las mismas necesarios para pasar a la tercera fase de la moneda única no son, en puridad, una construcción de Europa sino de un mercado único en el que tampoco se da la condición de una política fiscal común. Las políticas de empleo que debieran ser el elemento central de una construcción europea junto con la unión política y una política de seguridad común estrictamente europeas no están ni en el proceso ni las previsiones futuras de los que están construyendo la moneda única. Estamos ante un proceso dirigido a favorecer, exclusivamente, los intereses del capital. A la imposición de un modelo económico de carácter regresivo: el neoliberalismo que intenta conseguir acabar con todas las conquistas sociales y volver a mediados del siglo XIX. Y esto es así de tal manera que si Maastricht no existiese lo habrían inventado.

No se puede combatir con, eficacia, ni se puede plantear una política alternativa que contenga los elementos del Estado Social y Democrático de Derecho sin el cuestionamiento de las condiciones, contenidos y plazos exigidos para la moneda única. La moneda única, según Maastricht, es el fin de la autonomía política para decidir sobre las condiciones de vida de la ciudadanía. La moneda única, según Maastricht, es la imposición de los poderosos a través de los mecanismos del llamado mercado libre y de la práctica independencia de los poderes públicos del sistema de bancos centrales paso previo del Banco Central Europeo. La moneda única, según Maastricht, es poner como primer objetivo los ajustes contables macroeconómicos y relegar a un segundo lugar derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Maastricht es la pensión que disminuye; el recorte en gasto sanitario; la congelación salarial de los funcionarios; la no creación del fondo de nivelación previsto en la LOFCA; el recorte en inversiones para infraestructuras y obras necesarias; el mal funcionamiento de la LOGSE; el recorte creciente del subsidio de desempleo, etc. Maastricht es lo inmediato, lo cercano, lo que afecta a cada ciudadano y a cada ciudadana. Maastricht, tan aparentemente lejano, afecta a cada casa, a cada fami-lia, a cada trabajador y trabajadora, a cada pequeño y mediano empresario, a cada trabajador autónomo, a cada ayuntamiento, a cada comunidad autónoma.

Congelar o desarrollar en sentido contrario a la Constitución los contenidos sociales del Estado Social y Democrático de Derecho necesita, como condición y también como consecuencia, un proceso de recorte en las libertades y de acciones de gobierno amparadoras y tuteladoras de las acciones de colectivos o grupos que constituyendo una mafia enquistada en el seno de los aparatos del Estado sicilianizan la vida pública española:

  • El proceso de erosión del Estado Social y Democrático de Derecho tiene una serie de hitos y jalones fácilmente recordables en el pasado y perfectamente evidentes, si no lo impedimos, en el futuro:
  • La Ley Corcuera.
  • El encarcelamiento de insumisos y objetores
  • El rosario interminable de escándalos y de corrupciones, aparentemente impunes.
  • El uso de lo público para fines privados.
  • El cobro ilegal y corrupto de comisiones.
  • La exaltación de la filosofía del enriquecimiento rápido y fácil y de la cultura del «pelotazo».
  • El trato, conculcador de Derechos Humanos, dado a los inmigrantes: esposados, drogados y entregados a países donde no se garantiza ni su integridad física ni su vida.

Y en el futuro más inmediato:

  • La intención del Gobierno y de casi todas las demás fuerzas políticas de integrarnos en la OTAN despreciando la posición del pueblo español manifestada en el Referéndum de 1986. Y sobre este punto llamo la atención acerca de un hecho de extraordinaria importancia y gravedad: la vulneración de las condiciones del Referéndum va a permitir, si no lo impedimos, el transporte, circulación y almacenamiento de armas nucleares en España.
  • La propuesta de instalación de vídeos en las calles que con la excusa y justificación del orden público puede conllevar un atentado contra las libertades y los derechos ciudadanos.
  • La idea lanzada por las élites del poder de transformar la financiación pública de los partidos en financiación privada.
  • La idea lanzada también por los mismos, y que va tomando cuerpo, de cambiar el sistema electoral español por uno clara y profundamente mayoritario.
  • El anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora de Secretos Oficiales.

Pero han sido organismos del Estado, colectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas, con la autorización y respaldo políticos correspondientes, y por tanto con la responsabilidad última, los que han ¡do mostrando los síntomas del cáncer enraizado en los aparatos de Estado: el espionaje del CESID, el terrorismo de Estado de los GAL, el robo de fondos reservados, el cobro delictivo de comisiones, etc.

La decisión del Gobierno de Aznar, en contradicción con lo pregonado en la campaña electoral, de no desclasificar los papeles del CESID evidencian un ataque al Estado Social y Democrático de Derecho en las siguientes cuestiones:

  • Negación, por parte del Gobierno, del auxilio debido a la Justicia.
  • Como consecuencia de lo anterior, desigualdad de algunos ciudadanos y de algunos colectivos ante la Ley.
  • Complicidad moral, por tanto, con los hechos que están siendo investigados y con las personas imputadas de haberlos cometidos.
  • Sensación más que fundada de que estamos ante un sistema en el que funciona la «omertá»: la ley del silencio de la mafia siciliana; el silencio a cambio de la excarcelación. Un silencio hacia abajo y hacia arriba, a diestra y a siniestra.

Y esta situación de conculcación del Estado Social y Democático de Derecho conlleva, junto con la constatación de que se acaba de asestar un golpe demoledor a la credibilidad de la política y de los políticos, la necesidad de que el Presidente del Gobierno clarifique, por el bien del país, de la Democracia, de la Justicia, del Derecho, de la Honestidad, de la Ética y de la Decencia, los extremos del siguiente dilema:

  1.  O el Sr. Aznar y sus compañeros de partido mintieron y engañaron, fundamentalmente a sus electores, cuando se comprometieron a desclasificar los papeles del CESID en el caso de acceder al Gobierno, ó
  2.  Al intentar abordar desde el Gobierno la puesta en marcha de las promesas electorales se encontraron con presiones, objeciones o amenazas ante las cuales han cedido. Y en el caso de que ésto fuese así, se impone la explicación del Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados. El Presidente del Gobierno de España no puede callar, no puede transigir, no puede acceder a la presión o al chan-taje venta de donde venga, porque si lo hace está, no sólo permitiendo la existencia de una mafia, sino siendo el principal responsable, por ocupar el cargo que ocupa, de una aceleración cualitativa en el proceso de involución democrática que España está viviendo.

En discursos anteriores la dirección del PCE ha insistido una y otra vez en la necesidad del rearme moral, cultural e ideológico como necesidad fundamentalísima para la consecución de la plena emancipación humana pero también como necesidad inmediata, aquí y ahora, perentoria, en la lucha de los trabajadores, las capas populares y de la mayoría de la sociedad.

El vaciamiento, cuando no la transgresión de los contenidos del Estado Social y Democrático de Derecho, es un proceso, una acción, que necesita de la cobertura de la justificación en principios, valores, actitudes, comportamientos y pautas culturales afines. Si la derecha gobierna hoy en España es porque, desde hace muchos años, sus valores fueron implantándose desde el poder, desde medios de comunicación, desde universidades y desde la cultura oficial. Unos valores y unas pautas culturales propias del llamado pensamiento único del neoliberalismo que han terminado por ser asumidas y defendidas como propias por muchos colectivos políticos sociales tradicionalmente de izquierdas. Hagamos un somero repaso a estas actuaciones:

La mercantilización de la información en los medios de comunicación en la medida en que lo que importa es vender, como sea, no informar. Y junto a ello, y por esa filosofía, la priorización de lo banal y lo adjetivo sobre lo fundamental y sustantivo. Y esta crítica no empalidece el reconocimiento a aquellos medios y profesionales que están siendo ejemplares, tanto en la denuncia de la corrupción como en la defensa de las libertades y el Estado de Derecho.

La mercantilización de la actividad política despreciando los contenidos y las propuestas programáticas y basando la actividad política, casi exclusivamente, en el marketing y en la rentabilidad en votos al precio que sea. La captura del voto lo justifica todo: insultos, zafiedades, promesas demagógicas, inclumplimiento de las promesas y manipulación de textos e imágenes.

El constante canto a la labor del empresario como único creador de riqueza olvidando el papel fundamental que en la creación del valor tienen los hombres y mujeres que, de manera asalariada, crean, transforman y realizan: los trabajadores manuales e intelectuales.

La aceptación, por parte de colectivos de izquierda, de intelectuales y de la sociedad española en una buena parte, de valores tales como la competitividad. Una competitividad que en la mente de quienes consiguieron implantarla en la de los demás no es otra cosa que el enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores para ver quien se vende más barato a fin de conseguir un precio más bajo de las mercancías en la competencia internacional.

La exaltación del concepto de rentabilidad económica como único motor y como único objetivo a conseguir en cualquier empresa, en cualquier servicio o en cualquier actividad de la economía o de la sociedad. Si la rentabilidad económica, es decir, el beneficio ó el superávit en la cuenta de resultados es el objetivo exclusivo, el Estado Social y Democrático de Derecho no existe, su formulación en dicha situación es simplemente una falacia.

La divinización o exaltación de la economía como fuerza motora fuera de todo control humano. El mercado se constituye así en un dogma, en una nueva religión. Una nueva religión que exige obediencia ciega a todos sus seguidores; recordemos las palabras de Tietmeyer, presidente del Bundesbank: «los políticos deberán aprender que deben supeditarse a las decisiones del mercado» o las palabra se Alan Mine diciendo que el mercado es mucho más importante que la democracia. Estos defensores del neoliberalismo, sacerdotes de una religión extremadamente sectaria olvidan y pretenden hacer olvidar mediante los mecanismos de poder ideológico y comunicacional la realidad que están construyendo:

Las diferencias de todo tipo entre las zonas ricas y los países empobrecidos siguen aumentando en un mundo dominado por las políticas neoliberales.

La situación de la cuarta parte de la humanidad (aproximadamente 1.600 millones de personas) es en 1996 peor que hace 15 años.

Harán falta 40 años para que el África Negra se recupere al nivel que tenía en los años 70.

Mientras 170 millones de latinoamericanos suspiran por tener una vivienda, Estados Unidos de América planteaba en la conferencia de Nairobi del año pasado que: «El concepto del derecho a una vivienda adecuada debe ser eliminado de todas las declaraciones».

Hay 73 millones de niños, en edades comprendidas entre 10 y 14 años, obligados a trabajar, muchos de ellos en condiciones de esclavitud y servidumbre. La mayoría de estos niños viven en Asia, en África y en América Latina, pero también aquí al lado, en Portugal. No olvidemos ni descuidemos el globo sonda lanzado desde el Ministerio de Justicia acerca de la rebaja de la edad penal hasta los 14 años.

Un tercio de los 2.500 millones de trabajadores del mundo están en paro.

El 13 de los europeos de la Unión se considera excluido de la sociedad en que vive.

El 12 de los europeos de la Unión está en paro. Y el 30 ha sufrido el desempleo en los últimos 5 años.

En la propia Unión Europea hay 50 millones de pobres y 3 millones de personas no tienen alojamiento.

Una macroencuesta elaborada por la propia Comisión Europea arroja el dato de que el 40 de los europeos están convencidos de que el proceso de construcción de Europa, según pretende el Tratado de la Unión de Maastricht, está haciendo aumentar la diferencia entre ricos y pobres.

Estos mínimos datos, la experiencia de todas y todos nosotros en nuestro entorno más inmediato: familiar, laboral y de residencia conducen a tres conclusiones:

  1. El neoliberalismo es incompatible con los Derechos Humanos.
  2. El neoliberalismo es incompatible con la Democracia.
  3. El neoliberalismo es incompatible con la Constitución Española.

Y en este panorama de hegemonía cultural e ideológica del pensamiento conservador vuelve a aparecer ante nuestros ojos el paisaje, los tópicos, las prácticas de la España invertebrada sobre la que hablaba Ortega y Gasset.

 El Pan y Toros tan querido por los que a lo largo de nuestra historia han luchado contra el pensamiento, la ilustración o «la funesta manía de pensar» se ha transformado en la España de 1996 en el cuarteto de la desmesura: fútbol televisado casi a diario, corridas de toros prodigadas en las cadenas televisivas, toros, culebrones y concursos degradantes de la televisión, tanto de la pública como de la privada.

 El vaciamiento de contenidos del Estado Social y Democrático de Derecho, el proceso de involución democrática, la hegemonía cultural e ideológica del pensamiento neoliberal y la subculturización no pretenden otra cosa que conseguir un pueblo sumiso y resignado. La resignación es la virtud cantada como «prudente moderación» o como «sentido común». La claudicación o complicidad de fuerzas políticas y sociales es cantada como «sentido de Estado», «ayuda a la gobernabilidad» o «prudencia ejemplar». La razón de Estado, que a lo largo de toda la historia de la humanidad no ha sido otra cosa que la ocultación o el amparo de delincuentes, se transforma así, se transforma en un ejercicio de política inteligente o de actitud corresponsable con la sensatez y la prudencia.

Y al llegar aquí y en nombre del PCE, me dirijo a todo el Partido, a todos nuestros simpatizantes y amigos y a todas aquellas personas que se sientan cercanas a nuestro quehacer o al de Izquierda Unida. Y me dirijo desde la pregunta central que el Consejo Político Federal de IU se hizo el 22 de junio del presente año: «¿merece una RESPUESTA esta situación?»; el C.P.F. respondió que sí y ha articulado y organizado la respuesta. Una respuesta necesaria, urgente y con las siguientes características:

• Amplia.

• Masiva.

• Continuada.

• Con contenidos, ¡deas y valores claramente de izquierdas.

• Capaz de propiciar una conjunción de fuerzas política, sociales, culturales expresión de la mayoría social. Los tiempos demandan un esfuerzo de regeneración, de movilización y de creación alternativa: Propuestas y Programas.

Pero es a nosotros y a nosotras, comunistas, a quienes toca hoy, en este acto, asumir la responsabilidad que tenemos en esa acción. La mejor tradición del PCE es la tradición unitaria. Una tradición unitaria cimentada en 75 años y visualizada en la aportación y el ejemplo de dos gigantes de nuestro Partido: Pepe Díaz y Dolores Ibárruri. Ellos encarnaron el pensamiento antisectario, integrador, abierto a la unidad de la izquierda y al protagonismo del pueblo. Ese ha sido y debe seguir siendo la mejor tradición de este Partido.

En nombre de la dirección del PCE, en el recuerdo a estas dos figuras legendarias de nuestro Partido, hago un llamamiento a la rebeldía, la contestación y a la organización para la movilización: información, explicación, concienciación, participación, propuesta alternativa y ocupación de la calle. Hago un llamamiento al tensionamiento de toda nuestra organización. Hago un llamamiento al despliegue de nuestras fuerzas en todos los frentes en los que estamos: I U, sindicatos, movimientos sociales, etc.

La idea central de este llamamiento es la siguiente: LA POLÍTICA DE DERECHAS EXIGE LA RECOMPOSICIÓN UNITARIA DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA. Pero esa recomposición no es una cuestión de unidad de siglas o de fotos de familia. La unidad de la izquierda no es una cuestión de suma de siglas frente a la derecha, sino de organizar la oposición social, política y cultural para la alternativa a las políticas neoliberales. La unidad de la izquierda se cimenta, se fundamenta, se desarrolla, se vertebra y se impulsa a través de propuestas que, en estos momentos deben centrarse en los siguientes aspectos:

1°. Centralidad de la lucha por la consecución del pleno empleo que el Estado Social y Democrático de Derecho contempla.

2°. Defensa de los derechos sociales.

3º. Defensa de los derechos y libertades democráticos

4°. La construcción de una Europa unitaria, social y democrática: Unión Política Europea y Política de Seguridad Común estrictamente europea. Rechazo a la  OTAN.

5º. La construcción de un nuevo Estado en el marco de una auténtica unida europea.

Por eso, el llamamiento específico que en nombre de la dirección hago a todo el PCE significa una convocatoria urgente y perentoria para que apliquemos en desarrollos concretos la necesaria acción de respuesta acompañada de los contenidos alternativos:

– Sedes abiertas para conferencias, coloquios y charlas.

– Sedes abiertas para el debate de los problemas del entorno y de los problemas globales de la sociedad española y de los trabajadores y de las trabajadoras.

– Folletos, octavillas, pasquines, etc. sobre los diversos temas y materias que afectan a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo en general.

– Búsqueda de espacio de encuentros y de alianzas, fudamentalmente en la base, con otras fuerzas políticas, sociales y culturales. La unidad de la izquierda, tal y como la estamos proponiendo ó sube desde abajo como un mar incontenible, o no se hará nunca.

– Autonomía y libertad para la creatividad específica de cada organización, de cada hombre y de cada mujer, dentro del marco global de la movilización.

Y sobre todo ello, la aplicación de los acuerdos y propuestas de movilización aprobadas por el Consejo Político Federal de I U y los distintos niveles de dirección que lo desarrollan. Apoyo a movilizaciones y convocatoria de las mismas. Explicación y participación son los ejes que permiten la construcción de una conciencia social activa. Hacer posible, mediante la información y la adecuada explicación de temas como los PGE, el desarrollo del Pacto de Toledo o la convergencia nominal de Maastricht, sean entendidos y entendibles por los hombres y mujeres que van a padecer sus consecuencias.

Y queda una última consideración que la dirección del PCE quiere hacer desde la serenidad, desde la tranquilidad y también desde la firmeza: el PCE constata que los contenidos más del Estado Social y Democrático de Derecho recogidos en nuestra Constitución ni están siendo desarrollados, ni se están cumpliendo y, lo que es peor, se están haciendo políticas económica y sociales propias del neoliberalismo y por tanto incompatibles con dicha Constitución.

El Consenso Constitucional, el Pacto Constitucional ha sido mantenido por el PCE con una ejemplaridad a todas luces demostrada. Los poderes económicos, fuerzas políticas, grupos sociales y colectivos enquistados en los aparatos de Estado con fe prácticas anticonstitucionales vienen vaciando de contenido el Estado Social y Democrático de Derecho. Si en mi intervención he leído el articulado que en la Constitución Española va desarrollando el citado Estado Social y Democrático de Derecho es para advertir que esa es la parte que tienen que cumplir los poderes públicos y quienes los sostienen. De no ser así, y ante la creciente degradación de la Democracia y de la Justicia Social, el PCE se considerará libre de consensos y denunciando el incumplimiento de los demás pondrá en la primera línea de su propuesta  contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política, en nuestra historia y en algo muy importante: nuestra cultura y nuestros sentimientos.

¡Viva el Partido Comunista de España!

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