DOS NOTAS SOBRE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO Y DEL GASTO PÚBLICO

Buenas tarde queridas/os lectoras/es.

En una nueva entrega de la dosis correspondiente de crítica a lo realmente existente, y con vocación de arqueólogos, rescatamos un interesante trabajo de, uoooooooo, 1993 de Albert Recio en la revista “Mientras Tanto”. Pues bien, que veinte años (dieciocho, para ser más precisos) no es nada -decía el tango- queda de manifiesto en expresiones tan actuales como ” Un discurso sofisticado en el que cada cual tiene su parte de culpa: los parados son unos vagos que sólo quieren chupar del presupuesto o unos defraudadores que combinan dos fuentes de ingresos; los trabajadores fijos unos egoístas que, al encarecer el coste del despido o exigir mayores salarios, impiden la creación de empleo; el funcionariado, en su conjunto, una casta de mandarines que chupa del presupuesto público y atenta contra la economía productiva; los sindicatos unos enemigos naturales de la clase obrera por imponer rigideces destructoras del empleo …”.

Háganme caso, lean, estudien, disfruten del trabajo de Alber Recio que les ofrecemos, no se arrepentirán.

DOS NOTAS SOBRE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO Y DEL GASTO PÚBLICO

 

1. La «anglonización» del mercado laboral

 

Desde hace unos años escribir sobre políticas de empleo (cuando no de política económica en general) constituye un ejercicio tendente a la repetición. No sólo por la persistencia de una situación de desempleo masivo e inseguridad laboral sino, especialmente, porque estos problemas han sido abordados desde un único punto de vista por los responsables de la política económica: el de que el problema del desempleo es fundamentalmente una cuestión de mercado laboral y, más explícitamente, el de las instituciones que promueven la rigidez del mismo. Un análisis que ha conducido a propugnar una sucesión de medidas a cual más liberal, sólo frenadas o aplazadas cuando la movilización social y la búsqueda de equilibrios políticos ha obligado al gobierno a hacer concesiones (especialmente la retirada del proyecto de contrato juvenil tras la huelga general de 1988 y la ampliación de la cobertura del desempleo al año siguiente).

 

I

 

El que la orientación general se haya mantenido constante no significa necesariamente una línea coherente basada en un análisis cuidadoso de los efectos provocados por las medidas que se han ido adoptando. Más bien es el resultado de una posición preestablecida, blindada frente a lo que están sugiriendo los datos existentes. Por poner un ejemplo sencillo: hasta 1986 muchos analistas sustentaban que el volumen de paro español era más una ilusión estadística que un hecho real, debido a que no se tenía en cuenta la existencia de millones de empleos sumergidos. Para probar esta línea argumental el gobierno financió tina investigación muy amplia que dio lugar a un  informe de una «Comisión de expertos sobre el paro»[i] cuyas conclusiones fueron totalmente favorables a la evaluación del paro suministrada por la Encuesta de Población Activa. A pesar de este resultado concluyente (recordado recientemente por L. Toharia en las páginas de El País),  vuelven a ser legión los comentaristas que dudan de la existencia de tres millones y medio de personas sin empleo, más interesados en presentar a nuestros conciudadanos como unos chalados interesados en mentir sobre su situación laboral que como un amplio colectivo angustiado por una situación de extrema inseguridad.

 

De hecho, el modelo teórico sobre el que basan su percepción los responsables de la política  económica es el que favorece esta lectura, a la vez fija y cambiante, de las razones del desempleo. Desde principios de la década de los setenta, en que la contrarrevolución conservadora estableció la existencia de una «tasa natural de desempleo» (o su versión suave de «tasa no  aceleradora de la inflación», no sólo el nivel estadístico de esta tasa no ha dejado de crecer (lo que antes exigía un paro del 6% ahora puede exigirlo uno del 10%), sino que además se ha tratado de explicar con argumentos diversos, ninguno de los cuales cuadra muy bien con los hechos observados. En unos casos se adujo la existencia de un exceso de protección a los parados que fomentaba su pereza y la no aceptación de empleos alternativos. A pesar de que en la mayoría de países se han producido fuertes recortes al subsidio de desempleo (especialmente en aquellos donde prosperó la política reaganiana) la «tasa natural» ha crecido. En  nuestro país esta explicación se propugnó a principios de los ochenta, mando sólo un tercio de los parados cobraban subsidio, y fue de nuevo esgrimida el año pasado cuando el gobierno aplicó el «decretazo». No parece tampoco que en este último caso se pueda hablar de éxito. En otras ocasiones se ha aducido la falta de preparación adecuada de los parados, pero una vez más el argumento resulta contradictorio con evidencias de diversos tipos: el importante aumento del nivel cultural de la población juvenil que ha padecido un fuerte desempleo, la inexistencia de empleos vacantes por motivos de cualificación profesional y la casi nula preocupación de la mayoría de gobiernos por poner en marcha políticas de formación que, en caso de haber sido éste el tenia crucial, hubieran permitido resolverlo. La moda actual es hablar de «histéresis», es decir, de que el paro de larga duración genera comportamientos que convierten a los parados en inempleables. Tampoco esta justificación se mantiene en pie, por cuanto que puede observarse que estos mismos desempleados de larga duración pasaron a obtener empleos cuando éstos les fueron ofrecidos en el período 1986-1991.

Por desgracia todas esas evidencias no han servido hasta el momento para que la política económica se fije en otros agentes de la vida económica. Tampoco se entiende cómo puede ser la presión salarial española la causante de este alto nivel de desempleo, siendo así que según datos de la propia

Comunidad Europea los costes laborales unitarios (el cociente de dividir costes salariales por el valor de lo producido) se han reducido en España en un 17 por 100 durante la última década, el doble de la media comunitaria.

 

II

 

El que las explicaciones que se dan no sean satisfactorias no significa que sean inocuas. La insistencia en que las razones del paro están en el mercado laboral tiene un doble efecto: permite a la vez justificar la aplicación de medidas de desregulación del mercado laboral y presentar a los trabajadores y parados como los responsables de la situación que padecen.

 

A estas alturas parece claro que el gobierno está dispuesto a ir mucho más allá en materia de  liberalización de lo que la mayoría llegamos a imaginar. Las medidas propuestas en la última ronda negociadora, especialmente el contrato de aprendizaje -con salarios de hambre (reaparecerá la vieja figura del trabajador con la bolsa de la fiambrera), ausencia de seguridad social y de medidas concretas de formación y de control sindical-, la propuesta de permitir el empleo a tiempo parcial sin seguridad social -hasta dieciséis horas semanales- y las prerrogativas concedidas en materia de horarios, movilidad y facilidades de despido han ido posiblemente más lejos de donde la misma patronal podía esperar y hacen aparecer como «moderadas» algunas de las propuestas incluidas en el plan de convergencia del año pasado.

 

El gobierno aducirá que muchas de estas medidas se aplican en otros países, aunque olvidará indicar que éstas existen en contextos diversos que no es posible pasar por alto. Existe la evidencia de que las relaciones laborales de los distintos países constituyen un conjunto de instituciones que globalmente tienden a determinar unos determinados niveles de protección. En algunos, especialmente los del Norte de Europa, el control sindical es bastante fuerte y sustituye a la regulación pública. En otros, especialmente en el Sur, predominan los mecanismos de tipo garantista (normas, leyes, tribunales especiales). Cambiar piezas sueltas de estos sistemas sin equilibrarlos con otras medidas supone destruir los mecanismos de defensa de los trabajadores, tal como muestra el ejemplo británico, donde el debilitamiento del poder sindical, que constituía un factor básico, ha conllevado la demolición del sistema global de protección y ha conducido a la clase obrera británica a convertirse en la mayor víctima de las políticas liberales de la Comunidad Europea. Esto mismo puede esperarse en nuestro país, en una situación de baja implantación sindical, de preeminencia de la empresa pequeña y de un altísimo nivel de

precarización laboral. No es de extrañar que alguna de las corrientes «modernas»  en materia de derecho laboral este proponiendo su lisa y llana eliminación y la vuelta al decimonónico predominio del derecho civil. Resultaría cómico si no fuera porque estamos a las puertas de una nueva tragedia social.[ii]

 

No se nos escapa que las nuevas medidas tendrán efectos ya experimentados en otras latitudes, especialmente en los países anglosajones. De una parte, la desregulación de las condiciones que rigen el empleo de los segmentos más débiles del mercado (el paquete aprendizaje, trabajo a tiempo parcial, empresas de subcontratación temporal), lejos de homogenizar el conjunto del mercado, lo único que conlleva es un empeoramiento de las condiciones laborales y un aumento de la competencia entre los propios trabajadores del segmento secundario, el de los empleos considerados no cualificados, temporales, femeninos (por ejemplo, es esperable la sustitución de empleadas regulares a tiempo parcial por otras «a quince horas» sin seguridad social, o de jóvenes del sector comercial por aprendices igualmente capacitados para llenar estanterías). La generalización del empleo parcial y las facilidades para el despido convertirán gran parte de los derechos laborales en simple papel escrito. Y por ende el modelo de aprendizaje y precarización no hace sino reforzar el nulo carácter formativo, no integrado en un plan a largo plazo, que ya tuvieron los viejos contratos de formación y aprendizaje.

 

Y es precisamente debido al convencimiento de los enormes costes sociales que el experimento va a significar por lo que resulta especialmente útil el discurso de acusar a la clase obrera de ser la causante del mal. Un discurso sofisticado en el que cada cual tiene su parte de culpa: los parados son unos vagos que sólo quieren chupar del presupuesto o unos defraudadores que combinan dos fuentes de ingresos; los trabajadores fijos unos egoístas que, al encarecer el coste del despido o exigir mayores salarios, impiden la creación de empleo; el funcionariado, en su conjunto, una casta de mandarines que chupa del presupuesto público y atenta contra la economía productiva; los sindicatos unos enemigos naturales de la clase obrera por imponer rigideces destructoras del empleo …

 

Un medio cultural que sirve al objetivo de desagregar a la clase trabajadora, de ayudarla a leer su situación en clave individual, de impedir la formación de una visión de conjunto que pueda traducirse en demanda colectiva. Un discurso fraccionador que sirve para enfrentar a la población activa de las capas medias privilegiadas, e incluso a una gran parte de población jubilada que tiene una cierta importancia política por su peso electoral, con las principales víctimas de la nueva política. Y de paso se favorece la adopción de medidas represivas frente a algunos de los efectos presumibles del mantenimiento del paro y la marginalización laboral: el crecimiento de la violencia social y la extensión de la mendicidad en sus diversas formas.

 

III

 

No creo que valga la pena insistir excesivamente en estas cuestiones que resultan obvias para aquellas personas que se paren un instante a reflexionar. Sabemos ya tanto de lo que significa precarización del empleo, de paro sostenido, de insolidaridad, que las nuevas medidas no son significativamente novedosas, aunque la dosis en las que ahora se nos aplican supone lo que podríamos llamar un salto «cualitativo». Quizás porque el capitalismo español lleva tantos años de adicción a la droga del autoritarismo laboral, el paternalismo y la precariedad que ahora no puede subsistir sin un aumento sensible de la ración. Tampoco parece que vayamos a ser capaces, con una movilización apresurada y convocada a destiempo, de parar un proyecto anunciado largo tiempo. Lo que no quita la necesidad de dar una contestación lo más amplia posible que obligue al menos a recortar las propuestas más extremistas y reabra el debate social. Pero al mismo tiempo me parece necesario que empecemos a prepararnos para un trabajo a largo plazo en un contexto de extrema dificultad y sufrimiento para la clase trabajadora.

 

Me parece necesario tomar en consideración cuatro espacios de intervención, a los que podemos denominar: de la resistencia, la propuesta, la solidaridad y la conciencia. Del primero poco hay que añadir porque al menos en este campo la clase obrera sabe bastante. También en el segundo tenemos algo hecho, aunque posiblemente sea insuficiente. Demasiadas veces las políticas sindicales, o las propuestas alternativas, han ido cada una por su lado sin que al ciudadano de a pie, cautivo del discurso unilateral de los media,  le haya sido ofrecido un esquema de referencia alternativo. Romperlo exige un esfuerzo cultural más o menos coordinado, más o menos articulado, en el que participen a la vez organizaciones cívicas, profesionales sensibles y organizaciones de todo tipo que permitan permear con la critica los fracasos inevitables y previsibles de las actuales políticas: como son el aumento del paro a causa de la caída de salarios y la reducción del gasto público, el fracaso del nuevo modelo de aprendizaje o el deterioro de las condiciones laborales en el segmento secundario del mercado laboral.

 

La solidaridad activa, cotidiana, con los nuevos damnificados del recorte de ayudas sociales y la desregulación del mercado laboral. Solidaridad que posiblemente implique empezar a organizar redes de apoyo, algo que ya apareció en algunas áreas en los momentos más agudos de la crisis anterior y que posiblemente ahora deberá generalizarse a más lugares.

 

Generación también de un discurso cultural que neutralice los efectos más insolidarios del discurso actual y posibilite que las diferentes experiencias personales se resitúen como partes de una vivencia común. En este sentido me permito apuntar un peligro: la crisis industrial que afecta a lo que ha sido el centro de la clase obrera y que constituye uno de los efectos más visibles de las políticas neoliberales puede dar lugar a una propuesta sindical y política en clave fundamentalmente obrerista. Un discurso en parte necesario y en parte insuficiente. Porque olvida que una gran parte de los jóvenes empleados que padecen la contratación temporal y sobre los que recaerán los nuevos contratos de aprendizaje están ubicados en actividades de servicios, que hay ya amplios sectores de asalariados de medio nivel que conocen la experiencia de la precariedad temporal o de que las duras políticas de ajuste afectan también a estratos importantes de funcionarios públicos. Es quizás un buen momento para desarrollar la conciencia de que más allá de diferencias de renta y de estatus toda esta gran masa de población asalariada tiene en común su situación de dependencia respecto al capital y su marginación respecto a la adopción de las principales decisiones estratégicas que condicionan su existencia.

 

Un esfuerzo de remodelación que debe alcanzar a las organizaciones sociales, y posiblemente con especial profundidad a los sindicatos, que se enfrentan al agotamiento de un ciclo de expansión del empleo y del modelo de acción puesto en marcha tras el 14-D. El peligro social al que hoy se enfrentan es de una magnitud que no puede ser ignorada y que exige posiblemente volver a plantearse aspectos de funcionamiento y de política adaptados al entorno turbulento en el que ya estamos metidos.

 

2. Beneficencia para pobres

 

Es innegable que estamos asistiendo a un ataque generalizado contra gran parte de las partidas del gasto público que han configurado el llamado «estado del bienestar», aun en países, como el nuestro, donde éste nunca ha alcanzado cotas muy altas. Más preocupante aún que los efectos inmediatos del recorte resulta el aparato legitimador con que se tratan de justificar. Argumentos que, curiosamente, apelan a una dialéctica de pobres y ricos y tratan de presentarse como modelo de justicia social.

 

Aunque existen variantes de la formulación para cada caso concreto –la sanidad, las tasas universitarias, las pensiones, etc.- el argumento fundamental es siempre el mismo: el estado no debe sufragar gastos de la población que posee recursos suficientes, sino limitarse a cubrir las necesidades mininas de aquellos que «verdaderamente» necesitan protección. En algunos casos se refuerza el argumento (tal es el caso de las tasas universitarias) con la demostración de que efectivamente son los ricos los que acaban siendo los grandes beneficiarios del modelo actual, debido a que los hijos de los ricos representan una mayor proporción de la población universitaria subvencionada.

Una evidencia que quizás es aplicable a otros casos, tal y como ha tratado de mostrar Julian Le Grand (The Stralegy of Equalily. Redistribution and the Social Services, Clarendon Press, 1982) para el caso británico, según el cual son los ricos quienes se benefician más de la sanidad pública, de las ayudas a la vivienda e incluso de las subvenciones al transporte público (puesto que al vivir en el extrarradio absorben gran parte del gasto en transporte de cercanías).

 

Sin negar que en muchos casos el gasto público puede generar perversidades y contradicciones, aceptar sin más este discurso me parece que atenta directamente con bastantes elementos estratégicos de cualquier proyecto de izquierdas en sus diversas vertientes.

 

Aun en su versión más reformista, la propuesta socialdemócrata tradicional de construcción de un amplio sistema de servicios sociales favorecía el desarrollo de valores colectivos. La creación de servicios sociales a los que tiene acceso el conjunto de la ciudadanía potencia no sólo el sentido de colectividad, sino también la existencia de un amplio campo de actividades sociales en los que predomina la provisión pública e igualitaria de bienes por encima de los mecanismos de mercado. La aceptación de un sistema fiscal progresivo que genere una tímida tendencia redistributiva es viable en este contexto no sólo por razones de justicia social, sino también por el hecho de que los impuestos se plantean como un medio de financiación de estos bienes colectivos que aumentan el bienestar de la mayoría.

 

Es bastante posible que además, como ha sugerido A. Hirsbman (Voz, salida, lealtad, FCE, 1979), la provisión generalizada de recursos favorece su mejora porque los beneficiarios más exigentes, los que tienen mejor información y mayor seguridad de ser escuchados, generan una mayor presión a favor de la mejora del sistema.

 

Todas estas posibilidades se pierden con un sistema social que en teoría es más redistribuidor (universidad gratuita sólo para quien no puede pagar, pensiones mínimas para quien lo necesita, subsidio de paro de subsistencia, etc.) y, pero que en la práctica resulta inviable. El problema central es que los impuestos se plantean como mera caridad hacia un sector de marginados sociales. Ya no hay intereses comunes sino simple pago para salvar la mala conciencia o garantizar la paz social. En este contexto se quiebran gran parte de las posibles presiones que favorecen la mejora del servicio público y la cultura igualitaria de una ciudadanía que comparte intereses comunes. Una situación inmejorable para el  desarrollo de actitudes fascistas entre los asalariados que mantengan el empleo estable, para quienes el pago de impuestos puede verse como un simple sistema de mantenimiento de vagos (sean de lujo como los políticos o de tercera clase como los parados). Al mismo tiempo que la creación de un doble circuito de s ervi cio-público y privado-, como de hecho ya sucede en el sistema escolar, es el mejor camino para que se degrade un sistema público al que sólo asisten aquellos que tienen el estigma de la pobreza. Porque además un sistema que sólo garantiza servicios públicos a quien demuestra fehacientemente estar en la inopia se convierte siempre en una fábrica de clasificación de las personas y de deshonra para los que pasan de ser ciudadanos con derechos a pobres merecedores de caridad.

 

Debemos considerar un peligro adicional. La destrucción de los sistemas públicos de provisiones no sólo genera tensiones en el campo del consumo final sitio que tiene a la vez graves consecuencias en el plano laboral. Gran parte del éxito de los diversos intentos de creación de sistemas de relaciones laborales centrados en la empresa, con sindicatos (mejor dicho pseudosindicatos) de empresa, paternalismo, etc.

-un modelo no exclusivo del caso japonés, como lo atestiguan las experiencias de las grandes compañías

norteamericanas a principios de siglo o en nuestro ámbito local las colonias fabriles del siglo XIX- descansan en esta potestad empresarial de ofrecer a determinados grupos de empleados unas ventajas que difícilmente pueden adquirir por sí mismos y para las que no existe provisión pública generalizada.

 

Está claro que el modelo tradicional socialdemócrata tiene fallos evidentes que es necesario superar si queremos evitar este camino hacia la privatización  del sector público, la destrucción de un sistema colectivo de servicios y la marginación de una parte de la población. Pero no se podrán recomponer los destrozos si no existen líneas claras de intervención.

 

Posiblemente, parte del descrédito de estas políticas proviene no sólo de la propaganda de los sectores interesados en su privatización sino también de los modelos de gestión burocrática y a menudo ineficiente que en muchos casos ha caracterizado la intervención pública. Por esto me parece urgente que, junto al mantenimiento de una línea de defensa de lo público, se desarrolle un esfuerzo sistemático de transformación de su gestion que debería ir prioritariamente orientado al reconocimiento de la complejidad de las demandas de la población por un lado y a reducir el peso de los costes burocráticos generados a menudo por una hipertrofia de la alta burocracia. Sin lugar a dudas, existen vías adicionales de obtención de recursos a través de la liquidación de los tradicionales mecanismos de control oligopólico de los suministros públicos, tradicional en campos como la obra pública o la provisión de material sanitario. También en un esfuerzo consciente de la reducción de trámites innecesarios y un aumento de la autogestión social de determinados servicios. Existen por fortuna ejemplos positivos que van desde experiencias de autogestión de centros cívicos o mantenimiento de centros escolares, hasta la reforma de la asistencia sanitaria por la introducción de nuevos servicios. Se trata precisamente de movilizar en esta dirección la fuerza de los movimientos sociales y de los empleados públicos que intervienen en estos campos.

 

Reducir el despilfarro, implementar la gestión, eliminar los abusos más patentes son medidas de poco alcance pero absolutamente básicas para hacer frente al temporal de privatización que nos amenaza. A largo plazo es evidente que una sociedad de iguales sólo puede nacer si conseguimos efectivamente tanto un sector público eficazmente equilibrador (por ejemplo, que promueva medidas positivas de reducción del fracaso escolar) y un sistema laboral que tienda a eliminar gran parte de la jerarquización actual; pero este esfuerzo estratégico será imposible si a corto plazo no conseguimos frenar con medidas de choque no exclusivamente discursivas el intento sistemático de cargarse las bases materiales que favorecen que las personas se vean a sí mismas como fundamentalmente integrantes de un mismo proyecto común.

 

A. R., diciembre de 1993.


[i] Gran parte de su trabajo está publicado en S.Bentolila/A.Toharia (ed.), «Estudios de Economía del Trabajo en España III: El problema del paro», Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.

[ii]Una muestra del carácter integrado de muchas de las medidas lo ejemplifica la retirada por parte del Gobierno, de la propuesta de hacer incompatible la percepción del paro con la indemnización del despido. Posiblemente han contado en este casa las críticas de algunos dirigentes empresariales que han advertido que tal medida haría muy difícil implementar prejubilaciones en un vais donde las pensiones de jubilación son misérrimas. Posiblemente en países donde son mayores la gente acepta con más facilidad el despido barato.

 

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